La buena noticia: la propuesta de Martí Batres y Ricardo Monreal para llevar la austeridad a los pasillos del Congreso mexicano. La mala: la reacción virulenta de López Obrador y Morena frente a la multa que les impuso el INE.
Batres propone ahorrar hasta dos mil millones de pesos anuales en el Senado a través de una serie de recortes: gasto en seguros de vida o de gastos médicos, asignaciones a grupos parlamentarios, bonos, vehículos oficiales, viajes y viáticos. De acuerdo con el senador electo, esto podría ahorrar cerca de 40 por ciento del presupuesto que ejerce la Cámara alta.
Si la hegemonía de Morena y sus aliados puede bloquear la función de control que debe ejercer el Congreso sobre el Ejecutivo, la austeridad es una fortaleza que lo puede despertar de la anestesia que le inyectaron durante casi 20 años los propios legisladores que se autoasignaron prerrogativas cuantiosas, viajes y privilegios. Los apoyos de gestoría social y las asignaciones discrecionales de los grupos parlamentarios han sido un instrumento de los coordinadores parlamentarios para garantizar la disciplina de los legisladores. Por otra parte, desde el sexenio de Vicente Fox, los presidentes descubrieron que para lidiar con congresos opositores era mejor saciar sus peticiones presupuestarias (industria de los 'moches').
Cuando un legislador obtiene ingresos excesivos y puede además medrar con su función legislativa para 'bajar' recursos a gobiernos estatales y municipales y cobrar una comisión por ello, dedica más tiempo a administrar las mieles de sus negocios que a revisar el ejercicio honesto del gasto público.
Por ello, reducir los privilegios y prerrogativas de los poderes legislativos es una manera para reactivar la función legislativa y de control que deben ejercer. La misma política de austeridad debe aplicarse al financiamiento de los partidos políticos. Hace pocos días López Obrador dijo que Morena renunciaría a recibir la totalidad de los aproximadamente mil 500 millones de pesos de financiamiento público que le corresponde para 2019. Pero esa no es la solución. Felipe Calderón, siendo presidente del PAN en 1996 hizo la misma promesa ante el incremento de las prerrogativas de aquel año, y sólo devolvió el cheque de un mes. Después se quedó callado. El objetivo debe ser cambiar la ley para reducir el financiamiento de todos para siempre.
Respecto a la multa del INE a Morena, tocará al Tribunal Electoral revisar la legalidad de la misma. Sin embargo, vale señalar ahora que moralidad es diferente de legalidad. En el discurso de López Obrador se respira molestia porque la autoridad sanciona acciones de buena fe que buscan el bien del pueblo. En su primer mensaje vía Twitter dijo: "No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria".
Varios de sus seguidores lo han repetido. El escritor Pedro Miguel, quien encabeza el comité técnico del fideicomiso, dijo que "si los consejeros del INE piensan que queda prohibida la solidaridad en tiempos de campaña, están locos". Pero el INE no analiza la moralidad de los actos de los partidos, sino su legalidad. Y por tanto, los argumentos sobre la nobleza del propósito del fideicomiso son irrelevantes.
Cabe señalar que la línea que separa dar dinero a damnificados de dar dinero a votantes pobres es tenue y al final pueden estimular el mismo comportamiento: la compra del voto. En el fondo lo que debe evitarse es que los partidos usen dinero en efectivo para apoyar a la población durante campañas políticas o en cualquier momento, así sea una causa noble.
La acusación de que los consejeros actúan por venganza es inverosímil. Por una parte, el INE ha validado el triunfo de López Obrador –no es mérito, sino obligación–, pero al hacerlo su credibilidad se ha fortalecido, según encuesta de Consulta Mitofsky. No hay nada mejor para la autoridad electoral que el escenario cuando gana la oposición y por mucho, como fue el caso del 1 de julio. ¿Para que querrían vengarse ahora los consejeros del ganador?
Por el contrario, el PRI se ha sentido agraviado por la lentitud del INE en castigar a Morena. Emilio Suárez, el representante del partido ante el Instituto, acusó a los consejeros de cómplices de Morena por patear la pelota hasta después de la jornada electoral. No sólo eso, la demanda del PRI ha sido que se sumen las erogaciones del fideicomiso a los gastos de campaña, lo cual no ocurrió. De tal forma que todo depende de los lentes bajo los cuales se miran las cosas.
Morena ha anunciado que acudirá al Tribunal Electoral, pero el problema es que López Obrador ha acusado a dicho Tribunal de estar al servicio de la mafia del poder.