Ponerle precio al talento es una de las habilidades directivas más difíciles que existen. Definir los parámetros con los que se pueden medir las aptitudes que permitan atraer y retener a las y los mejores es un tema de discusión permanente en escuelas de negocios, empresas y organizaciones en general.
La dificultad de encontrar a las personas con las habilidades correctas es un reto constante del mercado de trabajo e incluso hay experiencias en donde las compañías han tenido que desarrollar sus propios programas académicos para formar al profesional de acuerdo con las necesidades del puesto.
El mismo día leo un par de artículos en The Wall Street Journal de curiosa oposición: uno narra la oportunidad que ahora podrían tener los estadounidenses para encontrar su primer empleo sin encontrarse con el tradicional obstáculo de "contar con experiencia".
Al parecer, según el diario, los empleadores de aquel país están haciendo a un lado los títulos universitarios y la especialización para incorporar candidatos que puedan adaptarse a los requerimientos de la organización de manera más sencilla.
El otro, expone los posibles riesgos de perder experimentados servidores públicos en México por el plan de austeridad del gobierno electo y el próximo recorte del salario presidencial.
A pesar de diferentes intentos por profesionalizar a la burocracia a lo largo de años, la percepción ciudadana es que los puestos en el gobierno no se obtienen por mérito o capacidad.
Los compromisos políticos, de grupo, las recomendaciones, los familiares, los compadres o los simples cuates de la universidad, han llegado durante años a puestos de responsabilidad sin apenas experiencia o han brincado de una posición a otra por decisión del presidente en turno.
Los esfuerzos por crear servicios profesionales de carrera se quedaron cortos frente a la presión que generan las compensaciones reclamadas por aquellos que apoyaron al ganador. Desde el que repartió los volantes hasta quien apoyó con recursos económicos cree merecer espacios. El voto del 1 de julio fue, en gran parte, en contra de estas prácticas.
No tengo duda que aquellos profesionales en las áreas del gobierno (los hay) siempre tendrán una oportunidad laboral, lo que no veo es la relación entre estas medidas y el eventual perjuicio para el país.
Sin embargo, aunque escucho estos temores en diferentes espacios, cuando hago la propuesta de que los mismos empresarios aprovechen a este capital humano de alta dirección, muchos responden que dependerá del perfil y otros comentan que la decisión –como en cualquier otro caso– pasa por las necesidades de la compañía.
Tomemos como ejemplo a los exgobernadores, responsables al final del día de administrar un estado. ¿A quién de ellos contrataría para ser el director general o el gerente de su empresa?