Se celebraron ayer 101 años de la promulgación de la Constitución. Como es sabido, la promulgada en 1917 es una profunda reescritura de la previa, la Liberal de 1857, que también cumplió años ayer. Ambas se escribieron para fundamentar un sistema de gobierno con un Ejecutivo débil, subordinado a un Legislativo poderoso. Ambas sirvieron de adorno. La primera, por los sesenta años que tuvo de vigencia. La segunda, durante ochenta años, hasta que la pérdida de control del PRI en el Congreso, en 1997, obligó a su uso.
La actual Constitución ha sido modificada cientos de veces, en prácticamente todos sus artículos. Durante el siglo XX, para adaptarse a lo que el monarca en turno deseaba. Después, para ir cubriendo la ingente cantidad de huecos, producto de una realidad muy diferente de la que la ley debía regir. Gracias a que se decidió en 1917 incluir en ella abundancia de detalles, especialmente del tema llamado 'social', su efectividad se ha hecho muy reducida. Pero en lugar de corregir eliminándolos, se le han sumado más, ahora en temas muy diversos: indígenas, electoral, judicial.
El desorden institucional que tenemos (República federal en la que los estados no recaudan; facultades confusas entre poderes y órdenes de gobierno; laxitud en unos temas, rigidez en otros) es efectivamente costoso. Dificulta resolver temas fiscales, de corrupción, de seguridad pública, pero también educativos, laborales, de derechos de propiedad.
López Obrador ha dicho en varias ocasiones que cuando gobierne regresaremos a la Constitución de 1917, tal y como se escribió entonces. Pensará que eso es algo atractivo para sus seguidores, pero es un sinsentido. Por un lado, no está en su mano decidir la Constitución, a menos que en verdad sea el autócrata que rechaza ser. Por otro, una transformación de ese tamaño derrumbaría todo el tramado institucional actual, eliminando organismos autónomos, sistema electoral, al Banco de México, etcétera.
Pero habrá quien crea que todo eso es poco comparado con las ganancias que representaría el regreso a la Constitución original. Esa idea es todavía más absurda, pero es muy popular. Las promesas de cambio social y mejora generalizada son siempre atractivas, aunque rara vez se cumplan. La Constitución de 1917 era calificada como la "primera Constitución social del siglo XX", precisamente por incluir ordenamientos de este tipo: el artículo 3 expulsando creencias religiosas de la educación, el 27 eliminando el derecho de propiedad privada (la nación era dueña de todo, a final de cuentas) y el 123 legislando en materia laboral. Estos ordenamientos no se aplicaron mucho durante una década, o poco más, y al final sirvieron como base del corporativismo priista: maestros evangelistas, campesinos aspirando a tierra, obreros pastoreados por líderes que pronto se llamarían 'charros'.
Pocas veces se usaba la Constitución, hasta que el fin del régimen autoritario hizo necesario recurrir a las leyes. Desde entonces, nos hemos percatado de las grandes lagunas y las contradicciones internas del documento. Pero en lugar de corregir, eliminando lo que no debería estar ahí, lo que hemos hecho es meterle más, ampliando esas contradicciones y generando grandes obstáculos para la vida diaria. Aunque no es el punto más grave, sin duda esas características de la Constitución abonan a la inexistencia del pleno Estado de derecho que se ha convertido en el objetivo más importante para México. Tengo la impresión de que estamos llegando al final del periodo de cambio de régimen. De 1997 para acá funcionamos comprando la paz a cambio de recursos para los estados. Ya no hay dinero, y la corrupción es flagrante. Hay regiones donde el Estado no existe. No hay disputa ideológica, sino acerca del viejo régimen: ¿regresamos a su plena vigencia, mantenemos la situación actual o cerramos la página y avanzamos?
Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey .