La semana pasada, López Obrador se concentró en descalificar los organismos autónomos que todavía no ha podido destruir. Afirmó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) debería desaparecer, para ahorrar dinero, porque sus funciones podrían ser desempeñadas por la Secretaría de la Función Pública. Propuso eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y absorber su trabajo en Comunicaciones y Transportes. Finalmente, criticó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) porque dice que no quería que bajaran las comisiones en las Afore.
En los tres casos, como en las otras ocasiones en que ha atacado organismos autónomos, dice que no deberían existir por ser instrumentos neoliberales o conservadores y por facilitar la corrupción. En todos los casos, acusa sin pruebas, malinterpreta datos o francamente miente.
Por muchos años, cuando era opositor, no sólo no reclamaba al Inai, sino exigía que la contraloría (es decir, Función Pública) fuese independiente del gobierno. Cuando ha gobernado, ha hecho exactamente lo contrario: fustigar al instituto local de acceso a la información y subordinar la contraloría cuando era jefe de Gobierno del DF, y ahora como Presidente, a los órganos federales. Jamás ha permitido que se investigue su actuación, y ha escondido toda la información posible. Ha mentido y traicionado a placer, y quienes lo rodean han robado con la misma enjundia. Basta hacer el recuento de las propiedades que tienen para comprobarlo.
Lo que López Obrador busca es eliminar cualquier obstáculo a sus decisiones personales. Lo ha logrado con mayoría calificada en Diputados y casi en Senadores, con la subordinación de la Corte gracias al servilismo de su presidente, con la venalidad del presidente del Tribunal Electoral, con la destrucción de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, propiciando la destrucción de Conago, y le falta ya muy poco para terminar: los organismos autónomos mencionados, el INE, Inegi y Banco de México. Estos últimos no podrá destruirlos sino hasta el segundo semestre del año, pero el embate que sufrirá el INE durante el proceso electoral será histórico.
Aprovechando la evidencia que nos ha ofrecido Donald J. Trump, su doble anaranjado, creo que no debería existir duda alguna de lo que estamos viviendo en México. Se puede entender que muchos compatriotas no hayan seguido a detalle el gobierno que tuvo en ciudad de México, y hayan sólo notado la pensión a adultos mayores o una obra vial; se puede entender que muchos hayan creído el papel que representa: el líder austero preocupado por los pobres; se puede entender que los damnificados por las reformas estructurales buscaran cómo recuperar sus privilegios. Pero es inadmisible que en enero de 2021 alguien pueda dudar del carácter autoritario y profundamente narcisista del Presidente. Con toda la evidencia que nos ha dado del desprecio que tiene por el resto del mundo, su falta de empatía incluso con la salud de los mexicanos, el cinismo con el que defiende a sus subordinados incluso cuando han cometido ilícitos, nadie puede seguir acusando a López Obrador de demócrata, justiciero o patriota.
Reitero, los damnificados por las reformas estructurales que buscan recuperar sus privilegios le están agradecidos; los bolivarianos de café que hoy tienen acceso a dinero y poder como nunca antes, todavía más; los políticos que le deben el puesto tienen todos los incentivos para apoyarlo. Cualquier otra persona que lo haga es colaborador en la destrucción, por pereza mental o por gusto.
Estos colaboracionistas no se juegan nada, porque en caso de que fracase esta reversión autoritaria, correrán de inmediato, dirán que nunca lo imaginaron, gritarán que se abusó de su buena fe. Puede usted ver el fenómeno en tiempo real en el país vecino, si gusta.
Es momento de dejar clara la posición que se tiene: se es o no cómplice en la destrucción del país.
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