Entre tantos cambios que ha ofrecido el nuevo gobierno, hay algunos que son una fuente de riesgos, innecesarios y costos. Ignoro si existe la posibilidad de reflexión al respecto, pero creo que conviene hacer notar algunas dificultades en relación con éstos.
Primero, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y el Cisen. De llevarse a cabo, estas decisiones estarían jugando seriamente con la seguridad del Estado. La seguridad del presidente no es cosa menor. Todos los presidentes cuentan con cuerpos de seguridad especializados para evitar un atentado que pudiera poner en riesgo el funcionamiento del gobierno. El de México puede ser excesivo, eso hay que concederlo, porque su origen era contar con un pequeño ejército que desanimara cualquier intento de rebelión en las Fuerzas Armadas. Se funda en 1946, cuando llega el primer presidente civil después de la Revolución, y tiene lógica. Pero ahora eso ya no tiene tanto sentido, y podría reemplazarse con un cuerpo de seguridad más pequeño, pero no despreciable.
En el caso del Cisen, se trata también de un organismo que existe en todos los países. No puede funcionar un Estado sin estar al tanto de las amenazas que enfrenta. Algunas naciones cuentan con varios organismos de este tipo, orientados a amenazas internas o externas, o por tipo, o por origen. Sin este organismo civil, la única fuente de inteligencia provendría de las Fuerzas Armadas o la Policía Federal, y eso sí no parece una idea genial.
Hay otros cambios menos graves, pero innecesariamente costosos. Uno de ellos es abandonar Los Pinos como residencia oficial. Juan Pablo Becerra-Acosta escribió esta misma semana al respecto, y consideró esa decisión como un escarnio al pueblo de México. Es, sin duda, una ocurrencia que puede resultar sumamente costosa, no sólo en términos de infraestructura, sino de operación diaria.
Finalmente, está la idea de mover secretarías de Estado a diversas entidades. Se entiende que para descentralizar la operación de las políticas públicas, pero no estoy seguro de que sea una gran idea. Mover 10, 15 o 20 mil familias, que es típicamente lo que tiene una secretaría, no es asunto menor. No creo que coincida con el plan de vida de dichas familias, ni creo que haya ciudad en México capaz de absorber un movimiento de esa magnitud. Piense usted en una familia en la que el padre trabaja en Sedesol y la madre en la SEP. Esta decisión le costaría la mitad del ingreso a la familia, nada más porque sí. Y eso sin contar la búsqueda de nuevas escuelas para los hijos, la construcción de nuevas relaciones, la pérdida del apoyo de las actuales. No suena bien.
Cuando se intentó algo similar, hace más de 30 años, lo único que realmente se movió fue el Inegi, a Aguascalientes. Tal vez instituciones de ese tamaño puedan mover una parte de su personal. Conacyt, por ejemplo, que entiendo se iría a La Paz. Pero, otra vez, esto tendría que ser voluntario, para evitar los daños a la familia que comentaba antes. Y si es voluntario, entonces tendrá un costo: liquidar a los que no se muevan, incentivar a los que sí, compensar los daños.
Sume usted a esto los costos adicionales de operación. Las secretarías compran bienes y servicios diversos, que ahora llegan a la Ciudad de México, y a partir de estos movimientos deberán desplazarse por todo el territorio nacional. Habrá quien crea que esto desarrollará la economía local en cada punto, pero es más probable que acabemos financiando el desarrollo de aerolíneas y saturando carreteras. Tal vez si empezamos reduciendo el tamaño de las dependencias esto sea más fácil, en un plazo no muy breve.
Cambios que van de ocurrencias costosas a francas amenazas a la seguridad nacional. Ojalá reflexionen un poco.