La elección presidencial roba mucha atención y olvidamos los miles de puestos que están en disputa. Más importante aún, concentrados en decidir entre cuatro personas, parece que no estamos percibiendo la magnitud de lo que está ocurriendo. Estamos frente al fin de una época, y no sabemos si apostar a continuar, corrigiendo detalles, a regresarnos a lo conocido, o a construir algo nuevo.
Durante el siglo XX, México vivió en un régimen político autoritario, con una estructura corporativa, que concentraba todo el poder en una sola persona, el presidente. La mediación de las demandas, la solución de conflictos, ocurría a través de esas corporaciones: la central campesina, el sindicato, la cámara empresarial, y sólo cuando había fricciones entre ellas, el poder político mediaba. Nadie se salía del esquema, porque fuera de él había sólo encierro, destierro, o entierro. Quedarse dentro implicaba prebendas, o al menos la esperanza de ellas. Mientras hubo recursos ociosos que agotar, las cosas funcionaron. Para 1965, el margen se agotaba y empezó el endeudamiento para sostener al régimen. En los setenta ya no hubo control, y la crisis de 1982 destruyó la ilusión de eternidad.
Esa crisis fue tan profunda, que destruyó la gran coalición que había gobernado México. Primero, el norte decidió moverse en otra dirección, y el PAN se convirtió en un partido realmente capaz de competir por el poder. Después, el PRI se fracturó, abriendo el espacio a un tercer partido competitivo, llamado de izquierda, pero en realidad heredero del nacionalismo revolucionario. Hubo que construir un nuevo régimen político para esa nueva realidad, y eso ocurrió en 1996. Al año siguiente, el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados y el gobierno del Distrito Federal; en 2000, la presidencia. El viejo régimen dejó de existir, y ya no hubo esa estructura corporativa que culminaba en un solo hombre, sino una pluralidad de grupos y de hombres poderosos (pocas mujeres, pero sí ha habido).
En los últimos veinte años, el Estado se ha derrumbado. No hemos logrado construir reglas que suplanten las del viejo régimen, y eso ha permitido que la corrupción y la violencia se generalicen. Cualquier gobernador puede ahora saquear lo que antes sólo hacía el presidente, si acaso. Cualquier grupo criminal puede hacerse del control de un territorio. Pasamos de un Estado fuerte, sin limitación de la ley ni responsabilidad frente a los ciudadanos, a un Estado sumamente débil, apenas regulado por ley, pero sí enfrentado a la ciudadanía.
Me parece que esta situación se desbordó en 2016, con el desfonde del PRI. Desde entonces, el sistema político está completamente desquiciado. Los tres partidos que gobernaron el país durante veinte años están dejando de existir. En este momento, el PRI no sólo iría a un claro tercer lugar, sino que quedaría al borde de la desaparición en muchos estados. Aunque Morena lo está reemplazando (gracias al potencial de éxito, a la recuperación del nacionalismo revolucionario, y a la amnistía ofrecida), es más una amalgama de oportunistas subordinados a un caudillo que el aparato disciplinado que controló el país en el siglo XX. PAN y PRD han decidido aliarse, y es muy poco probable que regresen a su forma previa.
En estas condiciones, el intento de continuidad con ajustes que proponen Meade y el PRI parece ser una opción ya imposible. Las otras dos, el regreso al pasado de AMLO o el salto al futuro de Anaya, se perciben como las únicas opciones. Pero no se trata del triunfo de una persona u otra, sino de una transformación profunda del régimen político, y eso requiere ser analizado. Lo haremos mañana.