No son las personas
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No son las personas

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No son las personas

10/04/2018
Actualización 10/04/2018 - 9:44

Los dos grandes problemas de México hoy son corrupción y violencia, y ambos resultan del derrumbe del Estado. El Estado no puede proveer seguridad a la ciudadanía, porque es incapaz de castigar a quien viola las leyes. Por lo mismo, tampoco puede terminar con la corrupción. Ese derrumbe es la consecuencia de veinte años de liberalización y democracia en un marco institucional construido para un régimen autoritario y de partido casi único.

El domingo, Luis Rubio planteaba en su editorial semanal analizar lo que ha ocurrido en México con base en dos vertientes: económica y política. En su opinión, el cambio ocurrido a partir de 1982, consolidado en el TLCAN, ocurrió en la vertiente económica, pero manteniendo el mismo esquema político. Coincido en que la esencia de esa vertiente se mantiene al día de hoy, pero alterada por elecciones de verdad. Aunque las transformaciones ocurridas desde los 90 son muy importantes (independencia de la Corte y el Congreso, autonomía del Banco de México y nuevos organismos especializados, elecciones creíbles), no hemos podido limitar de forma eficiente el poder político con la ley.

La democracia acabó con el poder centralizado, pero dio como resultado una descentralización igualmente perniciosa. La corrupción, que fue el instrumento de resolución de conflictos en el viejo régimen, se multiplicó junto con los nuevos centros de poder: 32 gobernadores, poderes federales autónomos, organismos. La violencia, antes medianamente controlada, fue creciendo hasta estallar hace una docena de años. Ahí seguimos.

Terminar con la violencia y controlar la corrupción requiere de un Estado fuerte, pero limitado por la ley. No hemos conocido ese tipo de régimen en México. La oferta política de López Obrador, como él mismo describió en su carta publicada en EL FINANCIERO hace una semana, consiste en confiar en él, porque él sólo puede acabar con ambos problemas. Salvo para muy fieles seguidores del candidato, esta propuesta es absurda. Si se cree en ella, entonces se cree en la restauración del régimen autoritario con todo el poder concentrado en una sola persona.

La otra posibilidad que hoy se tiene es apostar a la construcción de un régimen político diferente. Esto significa sumarle a la democracia las herramientas institucionales necesarias para fortalecer al Estado y, al mismo tiempo, limitarlo legalmente. Insisto en que ese tipo de sistema político no ha existido jamás en México, pero sí en muchas partes del mundo, en ésas que llamamos desarrolladas, precisamente. La falta de ese marco institucional en México es lo que ha impedido que cambios económicos profundos tengan los resultados esperados. Dicho en términos más coloquiales: lo que hace falta cambiar no es el modelo económico, sino el político.

En este momento, la única opción para lograr ese cambio es el Frente por México, por muchos defectos que pueda uno encontrar en esa coalición. Claramente, el PRI no propone ese camino, pero tampoco lo hace AMLO, que más bien ofrece recuperar el poder presidencial, que en su persona tendría virtudes taumatúrgicas. Sólo los fanáticos pueden creer esto último, pero es indudable que tratará, si gana, de restaurar ese poder presidencial casi omnímodo. Si lo logra, habremos regresado al viejo régimen autoritario, incompatible con la economía actual y, por lo mismo, condenado al mismo fracaso de hace 40 años. Si no lo logra, corrupción y violencia tendrán otros seis años de crecimiento, extendiendo a buena parte del país la ingobernabilidad que ya hemos conocido en Tamaulipas, Guerrero e incluso Veracruz.

El problema no es de personas ni es económico: es el agotamiento del pastiche de los últimos veinte años.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.