A pesar de su discurso legalista, López Obrador jamás ha sido respetuoso de la ley. Llegó a la jefatura de Gobierno del DF violando la entonces vigente, fue desaforado por desacatar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se negó a aceptar los resultados electorales de 2006, hizo campaña, por encima de la ley, por doce años, y el mismo sábado hizo lo que quiso con la Banda Presidencial encima. La ley no es lo suyo.
Pero la ley no se hizo para ayudar a los poderosos, sino para defender a los débiles, y así hay que usarla. Los ganadores de la elección tienen atribuciones y responsabilidades, y todas ellas están definidas en la ley. No siempre de forma clara, sin duda, pero para eso están los tribunales. Hay que hacer valer esos límites. Dentro de ellos, los nuevos legisladores y gobernantes tienen todo el derecho de actuar, ganaron. Pero no debemos permitir que superen esos límites. Si la ley no los acota, el autoritarismo y el abuso están garantizados.
La resistencia legal debe empezar por defender los derechos que sean vulnerados por decisiones arbitrarias. La primera ha sido la reducción de salarios y prestaciones de funcionarios públicos. Muchos de ellos, que ocupaban puestos altos, ya han renunciado, y así está bien. Pero hay miles de funcionarios menores a los que se les ha quitado una prestación que tenían desde hace años: seguro de gastos médicos mayores. Creo que eso puede pelearse, aunque no sea prestación de ley ni parte de contrato colectivo, sino un derecho adquirido. Se modifican las condiciones laborales sin compensación.
Algo similar ocurre con personas que son consideradas funcionarios públicos, sin serlo. Profesores de instituciones de educación superior, por ejemplo, que recibían una parte importante de su ingreso mensual a través de programas de estímulos que han desaparecido con el nuevo gobierno. Estrictamente hablando, su ingreso se reduce por decisión patronal. También creo que hay posibilidad de defensa legal.
Sin duda, si esto es aplicable en todos los casos, si debe ampliarse o reducirse, lo sabe mejor un especialista. Por eso hay que proceder a la defensa legal, con expertos. Pero eso cuesta, y me dicen que no poco. Aquí es en donde la sociedad debe actuar de forma conjunta. Si bien los partidos de oposición no tienen mucha fuerza en el Congreso (en donde su responsabilidad casi única es impedir cambios arbitrarios a la Constitución), su capacidad de organización, redes, y recursos pueden convertirse en una herramienta de esos miles de ciudadanos que están viendo vulnerados sus derechos.
El tema laboral es el primero, pero no será el único caso en el que la defensa legal debe prevalecer. La Corte ha tenido un comportamiento 'garantista', como le dicen ahora, desde el inicio de su nueva época, en 1994. Por eso se hizo tan difícil expropiar, como debió haber aprendido López Obrador en su tiempo en el DF. Esa fuerza de los ciudadanos frente al poder del gobierno hay que seguirla utilizando, para que crezca todavía más.
Pero no es sólo asunto de ciudadanos: organizaciones y empresas van a tener que defenderse, frente a la voluntad corporativizadora que ya han anunciado los adláteres de AMLO. E incluso los gobiernos locales, a los que quiere imponer la centralización de decisiones políticas y de seguridad pública. Donde el gobierno federal exceda sus atribuciones, hay que esgrimir la ley. Donde evada sus responsabilidades, lo mismo.
Es evidente que no propongo nada extraordinario, salvo la posibilidad de hacerlo de forma organizada. Defender derechos, limitar atribuciones, exigir responsabilidades debería ser lo normal, en un país civilizado. Bueno, pues acá no lo ha sido. Hay que empezar.