Uno de los principales efectos del creciente deterioro de la seguridad pública en México es la generación de obstáculos a la mayor expansión económica.
Durante la década reciente, se agudizó la delincuencia en nuestro país asociada, en gran medida, con la guerra contra el narcotráfico y la pugna entre grupos dedicados a esa actividad.
La manifestación más grave ha sido el escalamiento en el número de homicidios, cuya tasa respecto a la población alcanzó en 2017 el mayor nivel desde que se tiene registro.
Además, en parte como consecuencia de la rivalidad por el dominio de territorios, el crimen organizado se ha extendido a otros delitos como el robo, el asalto, la extorsión, los secuestros y la invasión de propiedad ajena, entre muchos otros.
Mientras que originalmente la acción de los grupos criminales estaba concentrada geográficamente, en años recientes ésta ha afectado a cada vez más poblaciones.
Diversos indicadores sobre inseguridad elaborados por agencias internacionales colocan a México en un lugar de desventaja, con una tendencia desfavorable. Por ejemplo, según el Índice Mundial de Paz, producido por el Instituto para la Economía y la Paz, en 2016 nuestro país se ubicó en el lugar 142 entre 163 naciones. Asimismo, la calificación absoluta de México empeoró en los últimos años.
Sin duda, la inseguridad y en especial la violencia generan pesadas cargas para los individuos afectados y sus familias. Los atentados contra la vida, la integridad física y el patrimonio representan graves pérdidas personales y dificultades para la vida cotidiana que vulneran el tejido social.
En ese contexto, algunos analistas interpretan la inseguridad como un problema independiente de la economía. Así, es común escuchar que el principal desafío que actualmente enfrenta el país no es el económico.
En parte, esta disociación podría reflejar la abrumadora importancia de los daños humanos derivados de la inseguridad. Además, tal diagnóstico podría obedecer al hecho de que, a pesar de la acrecentada delincuencia, en la década reciente el PIB aumentó a un ritmo promedio anual sólo levemente inferior al de los veinticinco años previos.
No obstante, la inseguridad está íntimamente relacionada con la economía. En particular, la delincuencia y la violencia pueden inhibir la producción de bienes y servicios, constituyéndose, de esta suerte, en un serio impedimento para el mayor vigor económico.
La relación anterior se explica porque un requisito indispensable para el avance productivo es la existencia de instituciones confiables que protejan los derechos de propiedad y aseguren el cumplimiento de las leyes. La criminalidad y la violencia, así como la percepción de impunidad y corrupción en la administración de justicia debilitan esos fundamentos.
Los canales concretos en los que la delincuencia puede obstruir la mayor prosperidad son múltiples, entre los que sobresalen tres.
En primer lugar, el temor a la delincuencia hace que los individuos y los negocios se vean obligados a dedicar cada vez más recursos para procurar su propia protección, desviándolos de usos más rentables.
En segundo lugar, el mayor riesgo de operación conduce a las empresas a cerrar o disminuir negocios y a reducir los gastos de capital, incluyendo los destinados a la adquisición de activos físicos, al entrenamiento y a la innovación. La resultante menor productividad laboral acota los salarios y el aumento del empleo.
En tercer lugar, la inseguridad provoca cambios en el comportamiento del público, como evitar salir de noche o muy temprano en la mañana, disminuir la asistencia a lugares públicos y reducir el uso de carreteras. Lo anterior puede dificultar el comercio y los servicios, especialmente los relacionados con el esparcimiento y el turismo.
Diversos estudios estadísticos sobre México han confirmado la existencia de estos y otros efectos de la inseguridad sobre la actividad económica. En suma, la violencia tiende a reducir el PIB por habitante, así como el dinamismo económico.
A la luz del agravamiento de la criminalidad en el país, no sorprende que tanto los empresarios como los analistas consultados por el Banco de México, en encuestas separadas, coincidan en que uno de los principales riesgos para la expansión de la economía es la inseguridad pública.
Por eso, es indispensable que se restablezca, cuanto antes, un ambiente favorable de tranquilidad y paz pública. Ello se justifica tanto por el elevado daño humano causado por la violencia como por el potencial para incrementar el crecimiento económico sostenido.