La semana pasada, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron que habían llegado a un entendimiento sobre los principales temas para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
A la luz de los escasos pormenores conocidos, puede decirse que el entendimiento contiene avances. Por ejemplo, facilita el libre comercio digital e incrementa la franquicia para la importación de bienes con empresas de mensajería exenta de gravámenes, entre otros aspectos.
Sin embargo, esos perfeccionamientos palidecen frente a los retrocesos admitidos en el pacto. Destacan tres áreas de modificación adversa.
La más significativa se refiere a los cambios en las reglas de origen para que las mercancías comerciadas sean susceptibles de tratamiento preferencial, es decir, que puedan importarse con arancel cero. Sin duda, la industria más afectada es la automotriz, la cual constituye el principal motor del intercambio manufacturero binacional.
Las reglas de origen en ese sector, de inicio ya elevadas, se endurecieron en dos direcciones. El contenido regional mínimo para los vehículos, que anteriormente era 62.5 por ciento, se elevó a 75 por ciento, entendido ahora como aplicable a Estados Unidos y México. Además, se añadió el requisito de que 40-45 por ciento del valor de los autos sea producido en zonas cuyo costo laboral sea por lo menos de dieciséis dólares por hora.
El aparente propósito de esas disposiciones es desincentivar la utilización de insumos de otras regiones y limitar el atractivo de la abundancia de mano de obra mexicana. Con ello, Estados Unidos pretende aumentar la producción y las exportaciones, desalentando las importaciones, de acuerdo con su visión peculiar sobre las ventajas del comercio internacional.
Las autoridades de nuestro país han comentado que cerca de 30 por ciento de las empresas establecidas en México no cumplen con esas normas.
En un acuerdo paralelo, se convino que, en caso de que Estados Unidos aumente los aranceles a la importación de autos de cualquier país por motivos de seguridad nacional, se exentarían los automóviles y las autopartes de México hasta ciertos límites. Aunque tales cotas superan las exportaciones mexicanas actuales, el objetivo parece ser desalentar el crecimiento de estas últimas.
En contra de las intenciones del gobierno de Estados Unidos, las nuevas disposiciones difícilmente incrementarían la producción de autos y el empleo en ese país. La mayoría del comercio regional ocurre dentro de las empresas y aprovecha las cadenas de suministro al menor costo.
La disrupción de esos enlaces encarecería los vehículos y reduciría su demanda a favor de autos de otras zonas. Si se buscara combatir la sustitución con aranceles, la reducción resultante del ingreso podría superar cualquier beneficio derivado de la mayor producción interna.
Las reglas de origen se endurecen también para otros productos como los químicos, los intensivos en acero, el vidrio y la fibra óptica, al tiempo que se restringe más el uso de insumos no regionales en textiles.
La segunda área importante de cambio es el debilitamiento de los mecanismos de solución de controversias. El capítulo 11 del TLCAN, que protege a los inversionistas de los abusos del Estado, sólo se mantiene para pocas industrias y se limita considerablemente el alcance para el resto. Además, se excluyó el capítulo 19 que permite dirimir medidas de antidumping y derechos compensatorios mediante paneles de arbitraje neutrales.
La suavización de esos mecanismos parece tener como propósito aminorar la certidumbre de los inversionistas en México, así como la posibilidad de defenderse ante acciones proteccionistas estadounidenses.
El tercer aspecto de deterioro es la reducción del plazo de vigencia del TLCAN, pasando su duración de indefinida a una de dieciséis años. Se prevé que, a los seis años, el Tratado se podría renovar por otros dieciséis, si bien podría haber desacuerdos que tendrían que revisarse en años subsecuentes. El acortamiento del horizonte temporal parece buscar también el desaliento de las inversiones regionales.
Finalmente, no es claro que el entendimiento garantice un nuevo TLCAN o un acuerdo alternativo bilateral. Canadá no se ha unido al arreglo, el presidente estadounidense no puede impulsar lo segundo sin cancelar lo primero y, en ambos casos, se requiere la aprobación legislativa.
Mientras tanto, las amenazas de Trump de salirse del Tratado y la incertidumbre asociada han continuado. Si las generosas concesiones de México buscaban eliminar el riesgo de quedarse sin acuerdo, el objetivo difícilmente se logró y el precio aceptado fue elevado.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)