La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es ilegal y regresiva. Entraña un ominoso mensaje de resistencia al cambio a costa de lo que sea. Es una típica decisión reaccionaria que busca defender por encima de todo los privilegios de un grupo muy pequeño de mexicanos. Y constituye un abierto desafío contra el mandato popular expresado el pasado 1o de julio.
Es una decisión ilegal porque el propio artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las acciones y controversias de inconstitucionalidad, establece con claridad que: "La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la ley cuestionada".
Y aunque existe un principio jurídico general que reza que "donde la ley no distingue no ha lugar a distinción", la Corte va más allá de la ley, pues ésta no señala caso o condición alguna en que deba suspenderse una ley. Sin embargo, al admitir la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos la Corte la suspendió, violando así lo estipulado por la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional mencionada arriba.
Al suspender la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, de manera contradictoria, la Corte deja abierta la puerta, no obstante, a que puedan ser disminuidos ( o aumentados) los salarios de los integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislstivo. En otras palabras, el Poder Judicial está diciendo: recorten sus altos salarios si quieren pero no los nuestros. Es una defensa de casta contra toda la tendencia general actual en los poderes del Estado; y contra todo el reclamo social que cuestiona los privilegios al amparo del poder público.
La situación se torna delicada también porque el Poder Judicial se convierte en el defensor de sus propios intereses. Ahora sí, literal y realmente, es juez y parte. El Poder Judicial es el espacio en el que se resolverán los privilegios del Poder Judicial.
Políticamente sale mal parado el Poder Judicial porque mientras los poderes Legislativo y Ejecutivo están tomando decisiones para recortar sus propios privilegios para autolimitarse, el Poder Judicial es incapaz de hacerlo. Peor aún porque en este tema este es el poder que debería limitar a los otros, pues es el encargado, como su nombre lo dice, de la justicia.
El Poder Judicial se anima a violar la ley al suspender una legislación cuestionada ante la inminencia de la aprobación del Presupuesto, en aras de garantizar los privilegios.
Sin embargo, ante una acción de inconstitucionalidad la Corte sólo debe declarar si hay inconstitucionalidad o no.
Lo cierto es que no se ha entrado al fondo del asunto. La Corte no ha declarado que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos sea inconstitucional.
Y aunque esté suspendida dicha ley, la Cámara de Diputados podrá disminuir o eliminar privilegios de senadores, diputados y funcionarios del gobierno federal. La propia resolución de la Corte lo permite.
También es cierto que el Congreso podrá aprobar nuevas legislaciones en materia de honestidad, austeridad y abolición de privilegios. El Ejecutivo federal, por ejemplo, ya anunció una iniciativa de Ley General de Austeridad.
Después de la reciente decisión de la Corte sobre la Ley de Remuneraciones y de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso Puebla, parece que el cambio no ha llegado a un Poder Judicial Federal que se ve anclado a la ideología, los intereses y los pactos políticos de 1990.
También la oposición partidista conservadora sufre un nuevo desgaste con este episodio. Y nuevamente asoma la cabeza sólo para defender lo indefendible.
En fin, hay resistencia conservadora, como la que se dio contra la Ley Juárez que abolió Fueros y Privilegios después de la Revolución de Ayutla de 1854. Pero también hay persistencia de la voluntad transformadora y por lo tanto, esperanza.