Miembro del consejo directivo del IDIC, del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, del Comce y del Consejo Editorial de la Revista Comercio Exterior.
Durante ocho décadas Estados Unidos tuvo una gran ventaja en su desarrollo económico sobre otras naciones industrializadas: su población crecía más rápidamente que en otros países gracias a una tasa relativamente alta de nacimientos, combinada con flujos permanentes de inmigración joven trabajadora. En la última década la tasa de fertilidad ha caído y los flujos de inmigrantes se han detenido por una política restrictiva. Con la llegada de Biden al poder se abre una ventana de cooperación nunca antes vista. ¿Sabremos aprovecharla en Washington y en México?
Las cifras más recientes del Buró del Censo de EU atestiguan esta situación. Los datos de abril registran un total de 331 millones 449 mil 281 residentes en EU, un aumento de sólo 7.4 por ciento desde 2010 –el segundo más pequeño incremento a lo largo de una década– apenas por arriba del 7.3 por ciento de crecimiento durante la Gran Depresión de 1930.
El Buró del Censo proyecta también que durante la década de los 2030, por primera vez en la historia de EU su población mayor de 65 años será más grande que su población menor de 18 años.
Más aún, nuestro vecino cruzará el umbral de los 400 millones de habitantes en los 2050, cuando alrededor de la mitad de sus habitantes tendrá más de 45 años y una quinta parte tendrá más de 85 años.
¡Todo un desafío para la prosperidad de EU! ¿De dónde saldrán los generadores de producción e impuestos para atender las necesidades de una creciente población envejecida? ¿Quién fondeará las pensiones, los programas sociales y de salud? Los expertos en seguridad social constatan ya una escasez elevada de personal para el cuidado de enfermos y ancianos.
Según Farhad Anjou (New York Times, 20-5-21) hay demógrafos y economistas en EU que consideran que una población más pequeña puede significar menores presiones sobre los recursos y el medio ambiente. Otros que argumentan a favor de una apertura total a la inmigración. Sin embargo, dado el reto de la dinámica poblacional ya descrito, parece existir un creciente convencimiento de que la población debe aumentar y que ello solo será posible vía una mayor inmigración programada y regulada.
En un informe reciente, Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración, y Danilo Zak consideran que, si se aumentara la inmigración a EU en un tercio cada año, se podría mantener una tasa estable de población joven trabajadora a población jubilada durante los próximos cuatro años. El Buró del Censo ha proyectado una inmigración anual de un millón de trabajadores. Bajo la propuesta de Noorani la cifra se elevaría a 1.37 millones, una cifra equivalente a 0.4 por ciento anual, que ha sido la tasa histórica promedio desde la revolución de Independencia de 1783.
Hasta ahora la política migratoria a la Trump se ha colocado en el centro de atención de la relación México-Estados Unidos (junto con un TMEC también defensivo). Este enfoque pecó de una visión muy limitada, centrada, por un lado, en el interés de Estados Unidos de frenar, controlar, regular movimientos de personas, indocumentados, asilados, niños; y por el otro de revertir el déficit de la balanza comercial estadounidense. Hoy debe buscarse una nueva definición del desafío entre ambos países, con una visión más amplia de cooperación para el desarrollo, con el fin de contribuir a mejorar la competitividad económica de la región y realizar cambios de enfoque en el TMEC, en línea con los nuevos tiempos.
Como lo hemos señalado recientemente Francisco Suárez Dávila y el suscrito en artículos en El Universal y en El Financiero, respectivamente, un cambio fundamental ya está ocurriendo en 2021 y se intensificará en los próximos años. Derivado de los grandes programas Biden de rescate de la economía e impulso a la infraestructura, se da el hecho insólito de que la economía de Estados Unidos crecerá este año 6.5 por ciento, por arriba de su tendencia histórica, lo cual se mantendrá en años subsecuentes. Esto detonará ‘cuellos de botella’ de mano de obra, que significarán obstáculos a la producción, aumento de costos laborales y presiones inflacionarios. Ya se aprecia en empleos ‘estratégicos’ y en otros muy diversos: choferes, empacadores, obreros de la construcción, trabajadores de la salud.
Este proceso debería impulsar un esfuerzo de cooperación entre EU y México para realizar estudios sectoriales y regionales y examinar el impacto de este fenómeno sobre las cadenas productivas. Un caso evidente es el paso del auto de gasolina al eléctrico. Significa transformar el TMEC de un acuerdo tradicional de libre comercio e inversión, de corte proteccionista, en un acuerdo para impulsar la competitividad regional de Norteamérica, con movimientos de personas programados y organizados y acuerdos de cooperación, científicos y tecnológicos, de reconversión industrial, de capacitación obrera, de financiamiento, de infraestructura y prácticas laborales.
Ello implicaría definir a nivel sectorial y regional, qué sectores enfrentarán mayores retos y llegar a acuerdos para superarlos. Significa crear nuevas instituciones o mejorar la coordinación de las existentes, aprovechando la experiencia de las que han funcionado bien.
México tendrá que realizar esfuerzos propios para promover la parte doméstica de las cadenas de valor, así como sus propias industrias estratégicas, a través de una política industrial, aprovechar la banca de desarrollo, impulsar a la banca comercial hacia financiamientos a largo plazo, comprometerse a seleccionar y capacitar mano de obra en los sectores identificados como necesarios.
En este contexto el gobierno mexicano podría proponer al gobierno de EU la formación de un Grupo de Trabajo Conjunto (task force) de prospectiva para estudiar los posibles impactos de corto y mediano plazos de sus programas de inversión e infraestructura en la demanda de trabajadores migrantes mexicanos y centroamericanos, con objeto de determinar las políticas convergentes más apropiadas para satisfacer esas necesidades de manera organizada y socialmente armónica. El importante flujo que se avecina no debe dejarse a las libres fuerzas de un mercado laboral opaco y a veces de franca explotación y abuso del migrante.
México debe estudiar la posibilidad de proponer también un estatuto moderno e incluyente que rija los derechos económicos y sociales y las obligaciones de los trabajadores migrantes de los tres socios del TMEC. Esta sería una iniciativa compleja a examinar dado que los países ven el tema como un asunto de política interna y a la fecha México ha tenido una de las políticas más proteccionistas del mundo en materia de inmigración. Significaría avanzar hacia una ‘política migratoria madura’ con sus vecinos del norte y del sur, como la sugiere en un artículo reciente el gran especialista y amigo Francisco Alba de El Colegio de México.
Finalmente, el gobierno de AMLO tendría que formular una estrategia más precisa para promover el desarrollo del sureste mexicano y de los países del Triángulo Norte -que supere los lineamientos de Sembrando Vidas y otros magno-proyectos- con vistas a definir una posición común que invite a una estrategia conjunta de desarrollo integral de corto, mediano (cuatro años) y largo plazos EU-México-países del Triángulo Norte.
Estos planteamientos y muchos más son elementos de una nueva política nacional sobre política exterior y migraciones que el Grupo México en el Mundo está proponiendo a través de la Revista ESTE PAIS.
Mauricio De María y Campos falleció horas después de haber escrito esta columna. El Financiero Bloomberg envía sus condolencias a la familia del autor. Descanse en paz.