Los avances indiscutibles que la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial aporta en nuevas formas de protección de marcas, se ven claramente cuestionados por el incremento sustancial en los costos de registro y mantenimiento, que el nuevo sistema demandará de los propietarios de signos distintivos en México.
No es un asunto menor. Los beneficios que el sistema de Propiedad Intelectual brinda a las empresas de todos los giros y tamaños es de tal significado, que tiene repercusiones en los valores globales de las economías. Un postulado generalmente aceptado, es el de la correlación que establece que los países que poseen marcas y patentes valiosas son los que lideran tradicionalmente el ranking como los de mayores niveles de bienestar. Para empresas pymes - de las que hay casi 4 millones en nuestro país-, registrar y conservar su marca tiene un alto valor como fundamento del negocio, y para muchos emprendedores recibir el título de registro tiene un significado tan elevado como el de "la fiesta de graduación" de la empresa.
Por esa razón, mantener un sistema accesible, de costos moderados y eficiente, debe ser un objetivo central de cualquier política pública que incida en estos procesos. Lejos de ello, las reformas han impuesto una serie de cargas y modalidades que implicarán grandes costos para los usuarios del sistema, bajo argumentos de un pretendido incremento en la seguridad jurídica de las marcas registradas bajo el nuevo modelo. Cabe preguntar, primero, donde ha estado la Cofemer todo este tiempo, que no ha hecho funcionar el filtro para impedir leyes que impactan seriamente la economía de los usuarios del sistema, sin recibir beneficios proporcionales a cambio.
Un primer requerimiento que incrementa directamente los costos de mantenimiento, es la nueva declaración de uso que la ley exige sea presentada a los tres años de concedido el registro, así como cada vez que la marca es renovada, con una tasa de derechos adicional a pagar. Además, dada la nueva cobertura limitada de los registros, será necesario tramitar mayor número de solicitudes para lograr la protección plena que antes se alcanzaba con un menor número de trámites.
Pero lo que sin duda gravita sobre los usuarios del sistema como la mayor carga, es la administración del sistema de oposición, que en su nueva versión obliga a los titulares a recurrir a especialistas que les brinden los servicios de vigilancia defensiva de sus registros de marca. Si sumamos costos, podemos sin lugar a dudas estimar que, en forma general, una empresa en los primeros diez años de vigencia de la marca deberá gastar 3 ó 4 veces más de lo que representaba en el pasado. Además, la complejidad que hoy supone el sistema llevará a demoras, complicaciones y gastos, de tal envergadura, que la vieja aspiración de contar con un sistema ágil de registro de marcas quedará en el olvido.
Todo este asunto sale de proporción y traspasa la línea de la lógica, si constatamos que año con año el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es superavitario en sus finanzas, "sobrando" muchos millones anualmente de su operación; ello acredita que las tarifas que cobra por sus servicios son ya excesivas.
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