La discusión de una nueva ley federal en Estados Unidos ha revitalizado una añeja controversia sobre la validez de los convenios de no-competencia entre empleados y patrones, que desborda esa jurisdicción y se convierte en referente para muchos otros países que siguen sin definir con claridad una postura en diversos ámbitos de este tipo de clausulado. Estos convenios se dirigen a limitar, o de plano prohibir, que un empleado pueda trabajar para competidores del antiguo patrón o incluso dedicarse a esa actividad por cuenta propia.
El cambio que parece se dará en ese país con motivo de la eventual aprobación de la "Workforce Mobility Act" se torna radical, por cuanto pretende eliminar la validez de los acuerdos y proclamar la absoluta libertad individual para trabajar en el giro, forma o empresa que mejor acomode al trabajador. El cambio adquiere carácter histórico, considerando que la legislación estadounidense y las resoluciones judiciales dictadas en varias décadas construyeron el principio más ambicioso de defensa de la exclusión contractual de competidores potenciales. La discusión apareja, también, la añeja contradicción entre la libertad contractual y el interés público, que postula como solución primaria la predominancia del segundo respecto del primero, siempre que existan situaciones que por su jerarquía en el imaginario colectivo deban ser favorecidas.
Un punto particularmente destacable de la argumentación que sostiene la propuesta de esta nueva legislación, descansa en el postulado de que las limitaciones a la competencia han creado un marco regulatorio prohibitivo, de carácter privado, que está cercenando la posibilidad de crecimiento de la economía estadounidense. Debe reconocerse que, en efecto, ante la amenaza de ser objeto de elevadas penas económicas, el talento y la experiencia de ciertos potenciales emprendedores se diluyen, perdiendo lo más, por lo menos.
Proyectando este mismo escenario a nuestro país, sin demora concluimos que estas mismas situaciones demandan claridad y definición. Mientras que algunos jueces y magistrados defienden la procedencia de ciertas limitaciones de competencia cuando se circunscriben en tiempo, geografía y competidores, los más las desestiman como rotundamente contrarias al principio constitucional de libertad de trabajo. En otros ámbitos, como el de las franquicias, las limitaciones impuestas a un franquiciatario para operar negocios del mismo giro durante la vigencia del contrato, o en un plazo determinado al concluir este, empiezan a ser vistas como lógicas y procedentes. Tenemos ya noticias de diversas sentencias dictadas en tribunales locales y federales condenando al pago de penas convencionales por la violación de este tipo de obligaciones.
Aclara la exposición de motivos de la "Workforce Mobility Act" que, de ninguna manera, la "nueva" libertad laboral emanada de la eliminación de la prohibición de las "cláusulas de no-competencia", suponen una autorización para usar la información confidencial y los secretos industriales del antiguo patrón. Bienvenida la aclaración, sin embargo, es claro que la complementariedad de ambas prohibiciones permitía tener un candado de cierta eficacia para estos fines. Perdida la mitad de la cerradura, parece que la puerta queda más abierta que cerrada.