Enorme controversia ha levantado el proyecto de nueva Ley General de Biodiversidad recientemente aprobada por el Senado, y que tocará a los diputados discutir, y en su caso aprobar. El uso de los recursos del medio ambiente, y nuestra relación misma con la naturaleza tienen contenido en esta trascendental regulación. Cometer errores, desoír a la ciencia u omitir decisiones, pasaría factura a futuras generaciones.
Es una legislación que igual impacta en la conservación de especies que en la preservación de áreas naturales protegidas y en el cruce de caminos entre el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas del país y las patentes. La definición de los adecuados balances es la única respuesta posible para los extremos de las posiciones. Ni el conservacionismo a ultranza, ni la inmovilidad improductiva con nuestros recursos naturales.
La Ley General de Biodiversidad, por su vocación, es una pieza de legislación que debe conectarse de forma armónica con leyes en materia forestal, agrícola, ecológica, de protección de flora y fauna, con organismos genéticamente modificados y desde luego, con la regulación de nuevas variedades vegetales, que en nuestro país se adoptó desde el año 1996 como resultado de los tratados internacionales vigentes en la materia.
En este escenario de confrontación, que se ha venido construyendo alrededor de la nueva ley, hay dos temas particularmente sensibles. El primero, la posibilidad de desarrollar actividades de exploración y explotación minera en áreas naturales protegidas; el segundo, el acceso de iniciativas industriales y comerciales a recursos genéticos que se han mantenido incubados en comunidades étnicas en diversos puntos del territorio nacional.
Aunque la fórmula que propone la ley parecería reconocer cierto control y beneficios a esas comunidades, nada en el texto normativo previene que los abusos en la práctica no se presenten. Son muchos los ejemplos documentados internacionalmente en los que la investigación de un laboratorio farmacéutico derivó en la identificación de una molécula que generó un nuevo medicamento altamente exitoso, que no resultó sino la expresión comercial de una fórmula herbolaria preservada en la tradición de un grupo indígena. Desde luego que nadie pretende que el conocimiento milenario de las comunidades sea herméticamente protegido, hasta el punto en el que sus beneficios no sean escalables. Pero lo que no resulta aceptable, es que los recursos genéticos endémicos y la información sobre sus usos y aplicaciones sean sustraídos para convertirse en propiedad intelectual de terceros que nada hicieron para su existencia y mantenimiento.
De hecho, son muchos los esfuerzos que a nivel internacional se han desplegado para el reconocimiento y la protección del conocimiento tradicional, y muy poco lo que nuestro país ha realizado en el pasado para alinearse con estas propuestas. El momento ha llegado, y no hay forma de aplazar las decisiones en este tema.