La propuesta del gobierno de Canadá para incorporar los derechos de Propiedad Intelectual como parte de la medición de composición de valor agregado para las reglas de origen de un producto, por disruptiva y vanguardista promete incrementar el peso específico que se ha tradicionalmente concedido a estos derechos. La llegada de tecnologías de energía limpia y autos no tripulados, están convirtiendo a la industria automotriz en un sector en el que los derechos de patentes marcan diferencias sustanciales entre competidores.
La idea canadiense, es la respuesta a la presión que ha planteado el gobierno estadounidense para incrementar el porcentaje de integración regional para reglas de origen, que pretende incrementarse del actual 62.5%, hasta 85%. Claramente, la exigencia se ha convertido en uno de los puntos de inflexión de la negociación del TLCAN, dado que, en industrias como la automotriz, con tan amplia dispersión en el origen de los componentes, la medida luce inviable y amenaza con romper las negociaciones.
La propuesta se alinea con la tendencia a considerar que los procesos de diseño de cualquier producto deben estimarse como parte sustancial de su fabricación, lo que reconoce el tránsito de la manufactura tradicional a la "mentefactura", esto es, pasar de la versión maquiladora del "Hecho en" a la visión avanzada del "Creado en". El planteamiento hace sentido pleno ante la evidencia de la migración de múltiples servicios de diseño de productos a territorios como India, que se traducen, al final, en pérdida de empleos regionales.
A pesar de la objeción inicial de los negociadores estadounidenses, en el sentido de que no es medible la aportación intelectual en el contenido de los productos, parecería tratarse de un dato menor y muy superable, dada la amplia y uniforme metodología internacional que permite valuar intangibles. En particular, en materia de valuación de marcas, la objetivación de los generadores de valor permiten con facilidad introducir esta información en la ecuación.
La paradoja que esta disyuntiva genera es que, para el activo paladín de los derechos de Propiedad intelectual, rol que por décadas ha desarrollado Estados Unidos, desconocer el alcance y rol del valor de los activos de patentes, marcas y derechos de autor resultaría una traición a su discurso institucional sobre la necesidad de respeto, que ha sido siempre exigida como premisa a sus socios comerciales.
El asunto, además, escala el papel del capital intelectual a la realidad de su protagonismo en la nueva economía, en la que el conocimiento, particularmente el codificado en títulos jurídicos excluyentes, constituye un lenguaje poderoso en los negocios. Resulta paradójico pensar que la administración Trump ha puesto al gobierno de Estados Unidos en la disyuntiva de tener que modificar el discurso.