Lo que hay en el fondo del pleito del presidente y legisladores de Morena contra jueces y magistrados no es un asunto de sueldos y salarios, sino la disputa por arrebatar el control del poder Judicial.
Hay una campaña desatada desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el partido gobernante y su prensa afín en contra del Poder Judicial.
Por lo visto en este par de días, la maniobra tiene visos de ser el inicio de la demolición del sistema democrático para concentrar todo el poder en una sola persona.
Han puesto a jueces y magistrados a contar dinero en público para que crezca la ira de la población en contra de ellos.
El desprestigio de la Corte es la antesala de su destrucción, para crear un Tribunal Constitucional, subordinado en los hechos al gobierno de la cuarta transformación, que absorba sus funciones.
De acuerdo con lo expresado por el ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán, de momento queda congelada la recientemente aprobada Ley General de Remuneraciones del Sector Público, hasta revisar su constitucionalidad.
Es decir, no podrá haber reducciones salariales en el próximo ejercicio presupuestal.
Morena respondió que la disposición del ministro de la Corte se va a acatar pero que van a bajar los salarios igual.
De hacerlo, estaríamos en desacato abierto del Poder Legislativo.
Si el Ejecutivo ejerce lo aprobado por el Legislativo y baja los salarios como lo prometió, sin obedecer el mandato judicial, lo que habría es un golpe a la institucionalidad democrática del país.
Lo que diga la Corte no tiene validez cuando no le conviene al equipo gobernante. Hacen lo que quieren y si no les gusta les echan a sus legisladores o al pueblo encima.
Creen que los 30 millones de votos les dan derecho a gobernar sin los contrapesos que existen en cualquier orden democrático.
De esa magnitud es la gravedad del momento.
Morena intenta controlar los tres poderes. Y si la Corte no se somete a lo que diga el presidente López Obrador, se la brincan con una interpretación propia de la Constitución.
Por eso arrancó su ataque contra el Poder Judicial. Y eligió muy bien el flanco en el cual dar la estocada: los salarios.
La gran mayoría de la población gana bajos sueldos y el presidente, Morena y su prensa afín han lanzado una campaña para que sus "adversarios" (como AMLO les llama a los que no piensan como él) cuenten dinero delante de los pobres.
Con mentiras, como el sueldo de 600 mil pesos de los ministros de la Corte, que no es real, quieren hacer pasar a todos los jueces y magistrados como deshonestos y abusivos.
Para el presidente, tener un sueldo elevado no es el legítimo producto de años de estudios en materias de alta especialidad, sino que es corrupción.
A juicio del presidente, los que perciben salarios elevados "no son honestos", "no son sensibles", "ni son partidarios de la verdad y la justicia".
Tiene todo el derecho a pensar lo que quiera y a bajarse el sueldo a cien pesos el día, si eso desea. Lo que no es aceptable es pretender que todos se subordinen a su visión de la realidad.
Han apuntado sus misiles contra la Corte, pero el que está contra la pared es todo el Poder Judicial.
Sus integrantes son empujados a abandonar los cargos para poner en su lugar a incondicionales del partido gobernante o profesionales de baja calidad, fácilmente manejables.
La amenaza del recorte de salarios pende sobre los miembros de otros organismos autónomos, que son útiles en una democracia, pero inaceptables para un régimen autoritario: Banco de México, INE, INAI, Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera.
Por ahora la medida está congelada gracias a la decisión del ministro Pérez Dayán.
Si en el Legislativo y en el Ejecutivo violan ese amparo estaremos entrando, mucho antes de lo imaginado, en el escenario de un presidente sin contrapesos institucionales ni necesidad de respetar las leyes.