El Presupuesto que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, entregó a la Cámara de Diputados es un documento que guarda los equilibrios macroeconómicos en las finanzas del país, no va a provocar una crisis, y tiene un agradecible aliento social.
Sin lugar a dudas es un Presupuesto de buena fe, que recoge algunas de las principales promesas de campaña del presidente López Obrador, sin dañar al conjunto de la economía.
Habrá que esperar a leer la letra chica, pero así como está planteado no genera una crisis de inicio de sexenio, como se temía.
Desde luego varias de las prioridades en el gasto están equivocadas y no generan desarrollo, pero sí ingresos para los sectores más necesitados.
La apuesta por la refinación de petróleo es un error.
Haber destruido la Reforma Educativa lo vamos a pagar cada año con ingresos fiscales para repartir entre los jóvenes de escasos recursos, en lugar de darles herramientas para que compitan con suelo parejo por mejores salarios.
Una decisión errónea fue haber cancelado el aeropuerto en Texcoco, y en cambio se le inyecta dinero a dos pistas en Santa Lucía que es dinero tirado, por lo incómodo y poco funcional de ese proyecto.
El Presupuesto no le apuesta a mayor crecimiento económico, sino que va por debajo de la tasa lograda en el primer año de los presidentes "neoliberales" Caderón y Salinas.
Habemos quienes pensamos que para salir de estancamiento y propiciar el desarrollo no hay atajos: buena educación y crecimiento económico.
Pero no podemos olvidar que fue el proyecto de López Obrador el que ganó abrumadoramente las elecciones, y ese es el que se va a cumplir.
Hay derecho a criticarlo. También es necesario. Pero ganaron ellos y esa es su propuesta.
La buena intención del Presupuesto se refleja en la meta de alcanzar un superávit primario de uno por ciento. Eso significa que se propone no gastar más de lo que ingresa, sin contar el servicio de la deuda.
El crecimiento es razonable. Pequeño, pero coincidente con el Paquete Presupuestal.
Nada que ver con el cuatro por ciento anual que ofreció en campaña López Obrador, pero al menos hubo la responsabilidad de no soltar números a lo loco.
La inflación se espera que crezca al 3.4 por ciento, lo que es una buena noticia, acorde con la disciplina fiscal que contiene el Paquete Presupuestal.
Se nota un ligero optimismo en la relación peso-dólar, al ubicar a la divida verde en 20 unidades, pero tampoco es un disparate.
El gobierno tuvo la sensibilidad para no alterar los presupuestos de la mayoría de las instituciones y poderes autónomos.
Dejaron atrás la polémica por los sueldos en el Poder Judicial, lo que es un mensaje de prudencia y de respeto a ese poder.
No tocó el impuesto a las gasolinas, con lo que le dio la razón a Meade, de que no había otra vía que ese infausto pero inevitable gasolinazo.
Por ningún lado aparecen los 500 mil millones de pesos que sacarían del combate a la corrupción.
Habrá que analizar con cuidado los recortes a diferentes secretarias clave, como Agricultura (baja 28.5 por ciento). Comunicaciones y Transportes, 24.4. Medio ambiente, 32.1.
Desconocemos el impacto que esos recortes van a tener en áreas sensibles del bienestar de la población y del crecimiento del país.
Se destina una cantidad de dinero impresionante a las becas y ayudas a jóvenes de escasos recursos, así como a la duplicación de la pensión a los adultos mayores (más de 140 mil millones de pesos que habrá que presupuestar cada año).
Es una buena intención, que da aliento social al Presupuesto, pero que no genera desarrollo.
Sin embargo, hay que insistir en que fue ése y no otro el programa que ganó las elecciones.
Vamos a crecer poco, vamos a invertir mal (energía), pero no habrá una catástrofe económica derivada de irresponsabilidad fiscal del gobierno.
Ahora, a esperar que se cumpla lo estipulado en el Presupuesto.
Y quienes piensan que el dinero se puede y debe invertir mejor, podremos criticar sin la angustia de una crisis económica en los siguientes meses, derivada de ese documento equilibrado que presentó Carlos Urzúa el sábado.