El otro “Año de Hidalgo”
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El otro “Año de Hidalgo”

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El otro “Año de Hidalgo”

13/03/2018
Actualización 12/03/2018 - 21:41

Nunca me dejan de sorprender las historias de terror que se narran sobre lo que coloquialmente se conoce como el “Año de Hidalgo”. Esta abominable e indigna tradición entre algunos miembros de la clase política y sus secuaces consiste en el robo o sustracción de bienes públicos en la última recta del periodo de las administraciones.

En ocasiones, al finalizar el sexenio, se roban materiales de oficina, en otras automóviles. A veces se regalan predios públicos o también se realizan adjudicaciones directas a empresas amigas. Sin embargo, hay ocasiones en las que se llevan algo todavía más valioso consigo y que pocas veces meditamos al respecto: su conocimiento.

El “Año de Hidalgo” es un infame fenómeno burocrático que implica, además del dispendio del patrimonio común, otro dispendio público menos mediático que representa daños comparables; un mal tan interiorizado en nuestra tradición política que cuestionamos poco o casi nada. Me refiero al cambio generalizado de los puestos dentro de los ayuntamientos o dependencias de gobierno al finalizar su periodo, llevándose consigo una gran cantidad de experiencia adquirida.

Pero la tradición podría ser otra. A propósito de las últimas elecciones en Alemania, un amigo que vive allá me contaba que a él no le preocupaba tanto el resultado de las elecciones, pues podría asegurar que buena parte de la administración, tanto nacional como local, permanecería con los mismos funcionarios que han hecho un trabajo eficiente. ¿Podríamos decir lo mismo en nuestro país? Lamentablemente no.

Es conocido que con la llegada de nuevos colores o grupos políticos a las carteras de gobierno, también cambian las personas que se dedican a ejercer los recursos. En buena parte de las ocasiones el único atributo por el cual son seleccionadas estas personas, es la cercanía con quien gana la elección. Lo podemos ver en todos los gabinetes, pues hemos atestiguado que perfiles consolidados y con buenas trayectorias son despedidos de sus puestos para cederle el espacio a personas sin experiencia ni mayor trayectoria que la de ser familiares o financiadores del ganador en turno.

México tiene un gasto corriente de 1.2 billones de pesos, utilizados para el pago de las y los trabajadores en la nómina federal. El Presupuesto de Egresos contempla que el gobierno federal tendrá ingresos por 5.2 billones de pesos en 2018, esto significa que 1 de cada 5 pesos que se invierten en el gobierno federal terminarán siendo para el pago de nómina. En el caso de los municipios, estos porcentajes suelen ser mucho mayores, pues dedican buena parte de sus arcas al pago de personal.

Por eso es pertinente preguntarnos cuánto dinero y tiempo hemos perdido en México por basar buena parte de nuestra selección de burocracia en compadrazgos o complicidades. Si bien es cierto que existen regulaciones alrededor del servicio profesional de carrera a nivel federal y estatal y hay instituciones que las aplican de forma cabal, también es justo señalar el servicio profesional de carrera aún no logra una victoria generalizada sobre el vicio de ver en la administración pública una agencia de colocación de los cercanos.

Precisamente por ello es fundamental que, en el tenor del próximo proceso electoral, exijamos conocer las metodologías por medio de las cuales se despedirá o contratará a nuevos perfiles dentro de los espacios públicos, que demandemos que exista transparencia en las trayectorias de quienes ocuparán dichas responsabilidades. Debemos plantear preguntas que exijan una reflexión sobre su política de contrataciones. ¿Qué porcentaje de los trabajadores nuevos del ayuntamiento serán seleccionados por convocatoria abierta? ¿Cuáles atributos se persiguen en los gabinetes estatales y federal? ¿Quién se va a comprometer de manera decidida a fortalecer el servicio profesional de carrera?

México no debe paralizarse y reaprender con cada cambio de gobierno, o dicho de otra manera, no merecemos un “Año de Hidalgo” de conocimientos, ni de ningún otro tipo. Por eso debemos hacer un esfuerzo nacional por construir un servicio público profesional, elegido por competencias, sin favoritismos por afinidades.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.