Es un lugar común sostener que en México existe un déficit en materia de Estado de Derecho. Sin embargo, ese concepto es muy amplio por lo que conviene acotarlo. Creo que podemos entenderlo como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los poderes del Estado y entre estos y los gobernados. Pero, existen estados de derecho democráticos y estados de derecho autoritarios. En los primeros, los derechos de las personas, condicionan y limitan la actuación de los poderes estatales; en los segundos, los poderes desplazan y en el extremo violentan dichos derechos.
Al menos desde 1917, México apostó por la construcción de un estado democrático de derecho. El principio de la separación de los Poderes y la garantía de los derechos de las personas quedaron plasmados en el texto constitucional vigente hasta la fecha. Desde entonces la falencia del estado de derecho reside sobre todo en su ineficacia. A pesar de ello es posible sostener que ha persistido una apuesta hacia la construcción de instituciones jurídicas con orientación democrática. Prueba de ello son las reformas electorales que permitieron la pluralidad legislativa (1977-1997); la transformación de la Suprema Corte en un Tribunal Constitucional (1994); la creación de 12 órganos constitucionales autónomos (OCA's) que regulan o administran materias estratégicas como telecomunicaciones, competencia económica, información estadística, organización electoral, transparencia, etc. (1990-2014).
Sin embargo, es posible sostener que desde 2008 esa apuesta por la construcción institucional ha evolucionado de manera esquizofrénica. Esto es así porque, a la par de la creación de instituciones propias de un estado democrático, se han creado otras propias de un estado autoritario. Mostrar esa contradicción es el propósito principal de este artículo.
La apuesta por un derecho democrático quedó asentada en la veta garantista de la reforma en materia de justicia penal de hace diez años. Al adoptar un sistema acusatorio, fundado en el principio de "presunción de inocencia", se abandonó el opaco y tortuoso sistema penal inquisitorial de corte autoritario por un sistema basado en la oralidad y la transparencia. El cambio no ha terminado de rendir frutos –y es previsible que pase todavía mucho tiempo para que lo haga– pero la apuesta constitucional fue clara en su orientación garantista comprometida con la democracia.
Otras dos reformas en esa dirección fueron aprobadas en 2011. Primero, la reforma para modernizar el juicio de amparo y, semanas más tarde, la reforma en materia de derechos humanos, que los coloca como prioridad constitucional. A esas reformas, en esta misma década, las complementaron una ambiciosa reforma en materia de transparencia y la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Es importante advertir que todas estas reformas contaron con un acompañamiento activo por parte de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Lo mismo vale para otras reformas, complementarias de las anteriores, denominadas "Justicia Cotidiana".
Sergio García Ramírez denominó a la reforma penal de 2008 como El Bebé de Rosemary, en alusión a la célebre película dirigida por Roman Polanski, en 1968. La razón no reside en la veta garantista que he mencionado, sino en los cambios que, en la misma reforma, se introdujeron a la Constitución con un rostro autoritario. El ejemplo emblemático es el arraigo que permite al Estado detener a una persona hasta por ochenta días sin juicio de por medio. Esa vena autoritaria entró en sintonía con la estrategia bélica de combate al crimen organizado, que se fue adoptando desde los gobiernos panistas. La lógica fue muchas veces expuesta por Felipe Calderón: "Tomará mucho tiempo, tomará recursos económicos, importantes recursos económicos, lo que toma una guerra de esta dimensión, costará, como ha venido costando desde hace dos años y seguirá siéndolo, por desgracia, vidas humanas". No nos mintió: la tasa de homicidios dolosos de 2017 rompió records históricos con más de 27,000 personas asesinadas en doce meses.
En esta vertiente hacia un estado de derecho autoritario se engarza la Ley de Seguridad Interior, promulgada y publicada en diciembre pasado. Así que lo que decidirán los ministros y ministras de la SCJN tendrá múltiples consecuencias para el futuro de México. No se trata de una cuestión técnica, sino de una definición estructural sobre el tipo de estado de derecho que tendremos.