Las colas en los distintos puertos de entrada en la frontera México-Estados Unidos no son por azar. Es una política deliberada del gobierno de Donald Trump para alargar los plazos de espera de quienes solicitan asilo y para que permanezcan lo más posible en territorio mexicano.
Así lo demuestra un estudio emprendido por tres instituciones académicas, el Robert Strauss Center de la Universidad de Texas en Austin, El Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego y que dirijo desde septiembre de 2017 y el Migration Policy Centre, del Instituto de la Universidad Europea.
El reporte presentado esta semana, analiza y compara cómo opera el proceso de asilo en los ocho puntos de la frontera que colindan con las ciudades de Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
La ley de migración y nacionalidad del país vecino está inspirada en dos convenciones internacionales: la de 1951 y 1967 sobre el estatus de refugiados. El principio subyacente es el de "no devolución," es decir, proteger a las personas de ser retornadas a un país que pone en peligro la vida, la integridad física y la libertad.
Sin embargo, el gobierno de Trump está apartándose de este principio a través de dos prácticas interrelacionadas. Primero, lo que se conoce en inglés como "metering", es decir, asignar números a los solicitantes de asilo para que esperen en fila en territorio mexicano. Segundo, la política de "tolerancia cero", puesta en escena por el exprocurador general Jeff Sessions, que criminaliza a quienes se internan a Estados Unidos por otra vía que no sea por un puerto de entrada. Es decir, el que entra a Estados Unidos sin documentos se considera criminal y no podrá solicitar asilo. (Esta orden ejecutiva ha sido bloqueada por un juez de distrito).
El estudio demuestra que el Departamento de Seguridad Interna está institucionalizando a lo largo de toda la frontera con México la práctica –"en este momento no hay capacidad para procesar a todos los que piden asilo." Día a día se le anuncia a la autoridad mexicana cuántos pueden ser atendidos y sólo esos pueden acudir a las facilidades fronterizas ya en territorio estadounidense. Esto provoca que, de facto, la responsabilidad de ordenar la fila recaiga en México.
Supuestamente se puede pedir asilo en cualquier puerto o garita de entrada. En la práctica no opera así. Por ejemplo, en Tijuana hay tres puertos o puentes que la conectan con San Diego. Sin embargo, sólo en la garita más nueva, El Chaparral, se procesa a quienes piden asilo.
El conteo o metering empezó en 2016 cuando llegaron los haitianos. Como eran tantos, más de 10 mil en Tijuana, ellos mismos se ordenaron anotándose en una libreta. La práctica de anotarse siguió y ahora la manejan los propios migrantes que esperan turno y la resguarda por las noches el Grupo Beta, el brazo del Instituto Nacional de Migración encargado de prevenir que los migrantes sean abusados.
Conversé con dos de los migrantes en Tijuana entre quienes manejan la libreta. Uno es nicaragüense, la otra michoacana. Omito los nombres por seguridad. Él viene con su hijo. Un estudiante que fue reprimido y amenazado de muerte por paramilitares de Daniel Ortega. Ella porque le desaparecieron a su marido en Apatzingán, Michoacán y habían amenazado la vida de sus hijas.
Ambos le entraron como organizadores porque son líderes naturales y desean contribuir con su granito de arena en una frontera inhóspita. A menudo tienen que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, qué hacer con una mujer que perdió su turno en la fila porque dio a luz.
Según el estudio, en Piedras Negras, Coahuila, hay otra dinámica. Ante la misma cantaleta de Estados Unidos, "no hay capacidad para procesarlos," un grupo nutrido de cubanos y personas procedentes de África esperan y pernoctan en los mismos puentes fronterizos. Ante la queja de los residentes, el alcalde puso manos a la obra. Los trasladó a albergues de la ciudad y organizó la lista de espera.
El estudio concluye que en los puertos de entrada de Estados Unidos se ha estandarizado el asignar un número de gentes que cada día serán procesadas (metering). En México, sin embargo, no hay un protocolo. La organización de la fila adquiere distintas modalidades según la ciudad fronteriza. Esto evidencia que la Secretaria de Gobernación no ha tomado cartas en el asunto ni generado una política clara de cómo proceder ante las directivas de asilo de la administración Trump.
También se señala que las prácticas confusas y poco transparentes están afectando justamente a personas en extrema vulnerabilidad, solicitantes de asilo cansados, gastados y lejos de su hogar.
Somos buenísimos para reclamarle a Trump sus arranques y medidas antiimigrantes, pero en los temas de los migrantes en tránsito y del día a día del proceso de asilo en Estados Unidos hemos sido, por lo menos, reactivos y se carece de coordinación.