Esta semana las cúpulas empresariales mexicanas –el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex– tronaron: "Exigimos un plan de seguridad al gobierno".
No es para menos. El año pasado fue el más violento en lo que llevamos de este siglo. Este año electoral, los homicidios y muchos otros indicadores van al alza. Es patético el número de alcaldes asesinados y el de periodistas. De éstos últimos, uno más cayó esta semana, Héctor González Antonio de Excélsior y Grupo Imagen en el temible estado de Tamaulipas.
¿Cuál debe ser el papel del empresariado ante la violencia? ¿Qué pueden aportar al plan que exigen contra la violencia?
Dos estudiosos del tema, Jenny Pearce de la London School of Economics (con quien tengo el gusto de coordinar un estudio de seguridad en cuatro ciudades de alta violencia (Acapulco, Apatzingán, Guadalupe y Tijuana) y Eduardo Moncada de Columbia University en Nueva York, han explorado la participación de los empresarios colombianos ante la violencia y considero que hay lecciones importantes para México.
Pearce se pregunta por qué las élites latinoamericanas no han optado, como lo hicieron las europeas en el siglo XIX, por un Estado de derecho. Por qué los ricos latinoamericanos, muy influyentes en los tres niveles de gobierno, se han conformado con un statu quo en el que prevalece una profunda impunidad.
Uno habría de suponer, me explica Pearce, que cuando los empresarios sufren en carne propia los estragos de la violencia –secuestros (a menudo de hijos varones) o bien todo tipo de extorsiones— se aplicarían sin distingo a presionar al gobierno para imponer el Estado de derecho. No necesariamente es así. Aparentemente el statu quo los favorece tanto que no acaban de decidirse a dejar atrás sus privilegios y exigir a las autoridades la aplicación de la ley sin distinción entre el que tiene y el que carece.
Eduardo Moncada, estadounidense de origen colombiano, ha comparado la participación de los grupos empresariales ante la violencia de las tres principales ciudades de Colombia –Bogotá, Medellín y Cali.
Encuentra dos tipos de comportamiento empresarial: los que optan por una agenda de reforma estructural y de largo aliento que pretende involucrar a los sectores marginados al modelo de desarrollo, y los que prefieren una respuesta reactiva que consiste en políticas de mano dura y represión. Los reformistas a menudo transforman los espacios urbanos para alterar los escenarios donde se escenifica la violencia. En tiraderos se generan parques, espacios verdes y deportivos para fomentar la interacción ciudadana. Los reactivos arman más a sus policías y reducen la edad para ir a la prisión.
La clave para Moncada es qué tipo de relación tiene la empresa con el espacio urbano y la propia violencia. El resultado de sus investigaciones demuestra que los productores de bienes, incluyendo las manufacturas y la agroindustria, otorgan un valor muy importante a la seguridad física de sus bienes, así como el acceso a ellos a través de calles y carreteras seguras. Estos sectores se han inclinado por una política de seguridad de mano dura y represión. Cali, ciudad de gran agroindustria, ha desarrollado un modelo de policía represiva.
Ahora bien, los productores de servicios, como las finanzas y el turismo, también valoran la seguridad física, pero son vulnerables a una imagen de violencia que afecta los flujos de inversión y visitantes. De manera que han optado por una agenda reformista. Y este es el caso de los empresarios de Medellín.
El reciente llamado de las cúpulas empresariales en México parece estar asociado con la percepción de que el gobierno federal ha bajado los brazos, ante las lecciones, en muchas de sus responsabilidades, incluida la seguridad ciudadana.
Las lecciones que hay que rescatar de Colombia son la de los empresarios que optan por una agenda de reformas integrales, incluyentes y de largo plazo. Hay que evitar a toda costa caer en populismos punitivos que sólo generarán más violencia.
Lo más importante es que los empresarios se decidan a exigir la imposición de una vez por todas del Estado de derecho. Hasta hoy han sido muy buenos para exigir la aplicación de la ley, pero desde luego tomando en cuenta su posición de privilegio y excepción.