En defensa de sí mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador disparó ayer contra sí mismo. Ayer en la mañanera, el único espacio de gobierno verificable de su trabajo, siempre salpicado de folclor y amenazas, de ocurrencias e información, de propaganda y realidades alternas, realizó un control de daños bizarro ante múltiples críticas y observaciones que cuestionan su gestión política. Uno fue por el reconocimiento que le hicieron en el Colegio Militar al exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y otro fue por la inminente liberación de Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, defendido por abogados de la cuatroté.
El general Cienfuegos recibió un diploma de manos del Presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como exdirector del Colegio Militar, que este miércoles cumplió 200 años de existencia. El evento protocolar desató numerosas críticas, algunas muy severas, que sintetizó el respetado Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez, que lo responsabilizó, como cabeza de la Defensa Nacional, de “atroces violaciones a los derechos humanos que continúan impunes”, como en el caso Ayotzinapa, y de “asuntos no resueltos en Estados Unidos”.
El Presidente, como suele hacerlo, divagó, se fue a la estratósfera y regresó.
Enfocó su defensa en las acusaciones de la DEA en contra del general, a quien detuvieron en Los Ángeles en 2020 con pruebas inverosímiles, y retomó su retórica de siempre, que las críticas tienen como origen la manipulación de los conservadores. Esto es irrelevante; siempre lo mismo, siempre hueco. Lo relevante fue cuando, para atajar las imputaciones de que el Ejército era responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Presidente atropelló, como también suele hacerlo, a la Comisión de la Verdad que él creó, y desmintió su acusación de que el Ejército obstruía y destruía documentos del periodo de la Guerra Sucia, y soltó una frase inaudita:
“Yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda que hay injerencia de… grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de seguridad para ir a fondo”.
En el bloque de “grupos conservadores”, como lo ha dicho antes, incluye al exfiscal para el caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a las organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos, a los abogados de las víctimas, a la prensa, a la oposición y a toda aquella persona o ente que haya dicho algo distinto a lo que piensa López Obrador. La verborrea, en todo caso, es lo de menos. Lo de más es que informó en Palacio Nacional que estaba usurpando funciones.
López Obrador no puede conducir una investigación, porque es una invasión de esferas y atribuciones. La responsabilidad de investigar le corresponde al Ministerio Público, no al Presidente. El Ministerio Público, en este caso federal, depende de la Fiscalía General de la República, que se ha cansado de repetir que es autónoma. Al afirmar que él dirige la investigación de manera directa está violando la ley y pisoteando el Estado de derecho. Para efectos de argumentación, si fuera exitoso en llegar a la verdad verdadera de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus conclusiones no podrían ser judicializadas porque carece de representatividad y, por tanto, serían desechadas por un juez.
Cuando queda tan clara la intromisión en asuntos que no le competen, como en tantos a lo largo de su sexenio, se puede entender que el colapso de los casos y los amparos en contra de sus políticas no tienen que ver con ese enfoque conspiracionista patológico que sostiene, sino con la incompetencia de su gestión. La declaración sobre el caso Ayotzinapa es la rúbrica de su desaseo.
Lo que dijo ayer forma parte de una serie de declaraciones extrañas que ha hecho en las últimas semanas, donde no parece entender los temas ni ver la dimensión de las galimatías políticas y legales en las que incurre. Varias de ellas son contradictorias, que es lo que sucedió ayer sobre el caso Colosio.
Comenzó aludiendo una columna en este espacio sobre lo que debería ser la inminente liberación de Mario Aburto –jurídicamente justificada, como se planteó en un segundo texto aquí–, donde se argumentó con información que ello formaba parte de una estrategia que eventualmente pudiera ser utilizada por el asesino de Colosio para acusar al expresidente Carlos Salinas de tortura y que fuera parte de su narrativa de campaña el próximo año. López Obrador apoyó su crítica a quien esto escribe, diciendo que él no era perverso, ni actuaba de esa manera.
Pero, momentos después, dijo que cuando asesinaron a Colosio “llegué a la conclusión de que fue un crimen de Estado, y en esos casos, si no hay voluntad, lleva mucho para esclarecerse”. Un crimen de Estado es cuando lo cometen las autoridades de un Estado o por particulares que actúan en complicidad con ellas, por lo que, agregó, deberían de ampliarse las investigaciones porque “ese tipo de casos no prescriben”. Vaya desorden en la cabeza del Presidente.
Aburto recuperará su libertad porque fue juzgado indebidamente en un tribunal federal, pese a que Colosio no era funcionario en el momento del asesinato, que lo condenó bajo el Código Penal Federal. Su defensa alegó que era un homicidio del fuero común que debió juzgarse bajo el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima concluye el próximo 24 de marzo. Ignorando lo que dice la ley, dijo que cuando se trata del asesinato de un candidato presidencial, no puede tratarse como un delito del fuero común, dejando abierto el camino de la persecución de Salinas.
El sabor de boca que deja la mañanera de ayer es que hemos perdido al Presidente, al enseñar una brújula desorientada, asumiendo funciones y decisiones que no le competen, donde viola la ley pero, sobre todo, estableciendo una cadena de mando sobre ilegalidades que terminan en él, lo que en un momento futuro le podría traer serios problemas de orden penal.