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Al servicio de su majestad

30/04/2018
Actualización 30/04/2018 - 7:50

Sobre el escritorio de Janine Otálora, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está un tema candente y que demostrará de qué está hecha. Se trata de la impugnación que hizo el PRI a principios de abril de la candidatura del canadiense Napoleón Gómez Urrutia a una senaduría plurinominal de Morena, que fue avalada por el Instituto Nacional Electoral el 30 de marzo, al considerar que al presentar un certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, renunció a “toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero”. Una vez más, todo indica que el INE se volvió a equivocar.

Gómez Urrutia se fugó de México hace casi tres lustros, tras haber sido acusado de un fraude de 55 millones de dólares en perjuicio de 10 mil mineros, en 2005, y adquirió la ciudadanía canadiense en agosto de 2013, respaldado por los sindicatos minero de Canadá y de la industria del acero de Estados Unidos. No pudo negociar con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto su regreso a México, y vio la puerta de Andrés Manuel López Obrador como su retorno triunfante.

López Obrador lo colocó en la lista plurinominal de Morena al Senado, pese a no conocerlo. Al explicar su respaldo, reveló que el líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, se lo había solicitado. El argumento de Corbyn es el mismo que han esgrimido los sindicatos norteamericanos y los ingleses, que son un fuerte soporte electoral de los laboristas: Napito, como se le conoce, es un perseguido político. El Senado sería el vehículo para regresar a su país, y para brincar el obstáculo que le impedía ser candidato por tener una ciudadanía ajena a la mexicana, hizo los trámites para comprobar que tenía la mexicana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores le entregó, en lo que es un mero trámite administrativo, el certificado de nacionalidad mexicana 439, que fue la base para el fallo del INE. El problema es que con su acción, el INE contraviene el artículo 32 constitucional, que establece: “La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”.

Es decir, salvo que Napito tenga un documento del gobierno canadiense en el que cancela su nacionalidad, sigue siendo canadiense y súbdito de la reina de Inglaterra, al ser Canadá miembro de la Mancomunidad Británica, donde Isabel II es la jefa de Estado. La aparente inconstitucionalidad del INE la explican los artículos 17 y 18 de la Ley de Nacionalidad, donde se exige la renuncia vía certificado de nacionalidad a los mexicanos a los que otro Estado atribuye diversa nacionalidad.

El certificado de Relaciones Exteriores sólo aplica cuando otro Estado atribuye nacionalidad, como en el caso de los españoles, que por ser hijos de españoles se les otorga en automático la nacionalidad, pero no en aquellos casos donde la nacionalidad se adquiere de manera voluntaria, como fue el caso de Gómez Urrutia. Se puede argumentar que Gómez Urrutia no solicitó al gobierno canadiense iniciar el procedimiento especial para que se le despoje de la nacionalidad y se le extienda un certificado de renuncia. Mientras no lo haga, Napito seguirá siendo canadiense y, por tanto, la magistrada Otálora tendría que fallar contra el dictamen del INE.

La ley puede ser interpretada de diferentes maneras, pero en el apego estricto de la ley, hasta ahora se puede argumentar que Gómez Urrutia tiene la doble nacionalidad y que el certificado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores no supera la prohibición constitucional para ser nominado a un puesto de elección popular. Podría ser, porque no se sabe hasta este momento que el líder minero tenga en la chistera ese documento, que hasta ahora no ha proporcionado. La embajada de Canadá también se ha negado, argumentando razones de privacidad, a informar si Gómez Urrutia sigue teniendo su nacionalidad.

Políticamente hay otros considerandos al intento de Gómez Urrutia, que muy probablemente López Obrador no tenía en el radar, y son sus vínculos con los sindicatos y empresarios extranjeros. La única sección fiel a Napito que tiene el contrato colectivo en una empresa fuerte es en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, operada por el conglomerado Arcelor Mittal, con quien negociaba los contratos colectivos en Vancouver, donde vive desde que se escapó de la justicia mexicana. Ninguno de los dos ha tenido nunca un problema real, y su relación de patrón a trabajador ha sido tersa.

Arcelor Mittal, la acerera más grande del mundo, es propiedad mayoritaria de su presidente y jefe ejecutivo Lakshmi Niwas Mittal, un indio que tiene como base el Reino Unido, quien pese a tener frecuentes diferencias con los sindicatos en Inglaterra, fue fundamental para que el Partido Laborista se hundiera financieramente hace unos años –previos al liderazgo de Corbyn– al donarles dos millones de libras esterlinas.

Napito fue protegido en Vancouver por los sindicatos norteamericanos. Los mineros canadienses tienen fuertes intereses en México, donde figuran las empresas canadienses entre las más importantes del sector, mientras que a los estadounidenses les ofreció contratos colectivos de la industria automotriz. Gómez Urrutia ha criticado a quien esto escribe por diversos artículos sobre su persona, pero esta información nunca la ha desmentido. Tampoco ha probado con documentos canadienses que sus lealtades están con México y no al servicio de su majestad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.