El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acudió a la Secretaría de la Defensa para hacer las paces con el general Salvador Cienfuegos. Le ofreció una disculpa por las declaraciones que hubieran lastimado a las Fuerzas Armadas y acordaron tener una relación fluida. El general secretario Cienfuegos le expresó la institucionalidad castrense con el jefe del Ejecutivo, pero trascendió que las suspicacias sobre los propósitos de López Obrador no desaparecieron. Tiene razón. El equipo del presidente electo está convencido de que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, hace casi cuatro años, fue un crimen de Estado realizado por militares.
La persona que será la encargada por parte del gobierno de llevar la batuta en la investigación del Ejército es Alejandro Encinas, quien sustituyó a López Obrador en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cuando participó en su primera campaña presidencial, y es el subsecretario de Gobernación designado para Derechos Humanos. Encinas elaboró una ruta de trabajo de 100 días, que inició el 15 de agosto, para construir el andamiaje que permita al próximo gobierno iniciar con fuerza y rapidez una ambiciosa política que enfoque en Guerrero la política de defensa de los derechos humanos.
El plan incluye el envío de una iniciativa de ley tan pronto como inicie el nuevo gobierno, para la creación de una comisión de la verdad en Guerrero, que revise la historia de las violaciones a los derechos humanos en los últimos 60 años. El objetivo es que se escarbe en la historia de la guerra sucia en los años 60, donde murieron los dos líderes guerrilleros icónicos, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, quien estudió en la normal de Ayotzinapa, y en los 70, donde, de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en un informe divulgado en 2006, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó operaciones de contrainsurgencia en Guerrero, asemejada a las guerras de baja intensidad, para eliminar a la guerrilla o a "los sospechosos de ser subversivos".
De acuerdo con el plan del futuro gobierno, la comisión de la verdad investigará las matanzas en Aguas Blancas, en 1995. El Charco, en 1998, y Ayotzinapa, en 2014, además de los asesinatos de 12 dirigentes sociales en esta década, que incluye a varios donde estuvo involucrado, de acuerdo con testimonios en la PGR, José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala la noche del 26 de septiembre, cuando la Policía Municipal privó de su libertad a 43 normalistas de Ayotzinapa y se los entregó a Guerreros Unidos. Aunque la comisión de la verdad que será creada abarcará tantos casos que difícilmente podrán agotarlos durante todo el sexenio, es lo que sucedió en Iguala en donde hay un interés particular.
Varios padres de los normalistas, sus abogados, así como organizaciones de derechos humanos en Guerrero y expertos internacionales, están convencidos de que la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado, operado por los jefes militares en la entidad a través del Batallón 27 de Infantería que se encuentra en Iguala, bajo el mando de la 35 Zona Militar, que la noche del 26 de septiembre observaron la agresión a los normalistas y no intervinieron. Miembros de ese Batallón fueron señalados en los meses previos a ese crimen en las reuniones del Grupo de Coordinación de Guerrero, presidido por el Cisen, por tener presuntos nexos con Guerreros Unidos, la organización de narcotraficantes que tiene control mayoritario en Tierra Caliente, pero que nunca se procedió a investigarlos. Incluso, las minutas de esas reuniones oficialmente no existen.
Aunque el énfasis será en los soldados, también se revisará el papel de la Policía Federal, que tenía una participación limitada en Iguala, y la Marina, que aunque no tiene presencia en esos municipios, opera en el corredor del cercano municipio de Arcelia hacia el Estado de México, donde eliminó a las bandas de secuestradores en Valle de Bravo. La Marina tiene en Acapulco una de las tres sedes de sus comandos de élite, entrenados por los SEALs estadounidenses, y responsables de los operativos quirúrgicos contra criminales.
Encinas está trabajando en la organización de una reunión de los padres de los normalistas con el presidente electo, pero el armado de las organizaciones a las que quiere involucrar en este nuevo proceso incluye a instituciones internacionales abocadas a la defensa de los derechos humanos y, de manera significativa, al gobierno de Estados Unidos, quizás porque a lo largo de su investigación sobre Guerreros Unidos y sus operaciones de narcotráfico en Chicago, se enteraron de su involucramiento en la desaparición de los normalistas.
El nuevo gobierno quiere documentar la participación de las fuerzas de seguridad federal en el crimen contra los normalistas, con lo cual podrían armar un caso de desaparición forzada desde la cima del Estado mexicano, que podría colocar en el centro de una acusación ante tribunales internacionales al presidente Enrique Peña Nieto. Esa ruta será difícil de construir jurídicamente, y quizás nunca alcance el objetivo deseado. Sin embargo, una comisión de la verdad para Guerrero que revise seis décadas de violencia política y violaciones a los derechos humanos, puede tener un valor mucho más grande del que Encinas prevé.
Guerrero es galvanizador de la conflictividad social en el país, por donde se cruzan todas las variables del autoritarismo mexicano y la ingobernabilidad, cuya revisión sistemática nos puede ayudar a conocer mucho más no sólo de lo que sucedió en esa entidad, sino de lo que el sistema político mexicano produjo en este país.