Si alguien pensaba que ya habían terminado las ocurrencias en materia de seguridad y combate al crimen organizado con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que revise la prensa para descubrir que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encamina a rebasarlo por izquierda y derecha. La última pincelada de la improvisación la dio la doctora Loretta Ortiz, exdiputada de Morena y una muy reconocida especialista en derecho internacional, enfocada a los derechos humanos, particularmente de migrantes, al proponer en una entrevista que como parte de la pacificación del país, el nuevo gobierno va a servir de mediador entre las bandas criminales para que hablen entre ellas y para que las persuadan de regresar al orden legal, que por las buenas claudiquen a su lucrativo negocio del narcomenudeo y el narcotráfico, y que dejen de pelearse entre ellas porque están causando zozobra en el país. La cuarta transformación de la República que propone López Obrador, también pasa por el arrepentimiento de los criminales y su redención.
Para frenar la violencia en estados como Guerrero o la Ciudad de México, le dijo a Carlos Marín, director de Milenio, "hay conflictos, incluso entre grupos (a quienes) se puede ofrecer la mediación comunitaria que, de hecho, ya se ofrece, por ejemplo en el caso de Tepito (donde) se actúa a través de esa mediación comunitaria". ¿Y cómo se establecería esa comunicación? Ortiz respondió: "Hay un facilitador y el que viene a representar a un grupo y el otro representante de grupo, o los grupos integrados. Entonces tiene que haber una voluntad obviamente de arreglar las cosas".
O sea, un gobierno legalmente constituido convoca a los líderes de los cárteles o las bandas criminales, que deberían de estar siendo perseguidas, para que se decrete una tregua a fin de que un facilitador del gobierno federal los siente en una mesa de conciliación –como donde se dirimen los conflictos laborales entre patrones y trabajadores– y les haga ver que su reinserción a la vida legal es lo mejor que existe para que haya paz en México. "Si vamos a llegar a acuerdos de pacificación –agregó la doctora Ortiz– se tienen que retirar del campo de la ilicitud; o sea, no van a ser acuerdos para llegar a un resultado de que se metan en actos ilícitos". No se van a meter, ya están.
Más allá del galimatías de la doctora, hay que revisar la complejidad de la realidad frente a la ligereza de su solución. Lo primero es la convocatoria. ¿Cómo llamarlos a una reunión de esa naturaleza? No lo dice, pero ¿cómo se hace? En 1989, al entonces secretario de Gobernación, el policía político por excelencia, Fernando Gutiérrez Barrios, se le acercó a pedir consejo para combatir la delincuencia el primer procurador capitalino nombrado por el entonces presidente Carlos Salinas. Lo primero, le dijo, era llamar a sus jefes de policía y decirles que no quería ningún robo, ni el más mínimo, en el Poniente de la Ciudad de México, porque es donde se encuentran las personas que tienen acceso a los medios de comunicación y cualquier acto delictivo tiene enorme repercusión. Que delinquieran en el Oriente, pero que no cruzaran la línea porque los aplastarían. ¿Y cómo se enterarían los delincuentes?, preguntó el bisoño funcionario. No se preocupe, respondió, sus comandantes les informaran a los delincuentes. El procurador entendió que eran lo mismo y al mes renunció.
La doctora Ortiz, si no sabe cómo van a llamar a la mesa a los criminales, ahí está esa vieja recomendación que en muchas partes del país, se puede argumentar, sigue vigente. Pero entraría en un espacio de complicidad delincuencial antes de enfrentar el segundo problema. ¿Cuáles son los incentivos para ellos? No perdamos el tiempo en busca de explicaciones. No existe ningún incentivo. Las bandas criminales no responden a llamados de paz salvo que, por acuerdo entre ellas, dejen de pelear y se repartan el mercado para evitar la confrontación con fuerzas federales. Pero voluntariamente, como cree la integrante del Consejo de Asesores de Seguridad de López Obrador, imposible.
Vamos, ni siquiera es racional. Esos grupos operan bajo el parámetro del negocio, ilícito, pero negocio. ¿De qué tamaño? Por ejemplo, según el Global Financial Integrity, una institución en Washington que estudia los flujos financieros ilícitos, el kilogramo de cocaína vale en la Ciudad de México 12 mil dólares, que puesto en la frontera con Estados Unidos sube 30 por ciento su valor. Si se le reduce la pureza en 4.0 por ciento, como está sucediendo, las ganancias casi se triplican, conforme a estimaciones a partir de los datos de la Estrategia Nacional para el Control de las Drogas de Estados Unidos. Por más eficaz la dialéctica esgrimida, imposible pedir que exculpen sus culpas y dejen el narco a cambio de 88.36 pesos de salario al día.
El combate a los criminales no se hace con actos de fe y la buena voluntad de quienes matan por lucro, esencia del narcotráfico. A los criminales se les confronta con velocidad para que no puedan reagruparse y reclutar cuadros que suplan a los caídos, acompañados de tareas de inteligencia, políticas de prevención y opciones laborales que integralmente conformen una estrategia total. Pero como lo planteó la doctora Ortiz, ¡no, por favor! Que no insulte la inteligencia de los mexicanos ni diga bobadas. Si de este tema no sabe, que no hable o que no la dejen hablar. Mucho retrocedió el país en materia de seguridad durante el gobierno de Peña Nieto para que nos prometan un país peor de lo que está.