Es absolutamente irrelevante el resultado final sobre la consulta ciudadana que resolvió, en primera instancia, en dónde se levantará el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. De principio a fin, era una ruta que tenía sólo dos pistas de aterrizaje. Si era Santa Lucía, era la consecuencia directa de la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador y a donde se había inclinado todo su próximo equipo de gobierno. Si era Texcoco, entonces era la coartada perfecta para que el Presidente electo, que dijo que respetaría la voluntad popular, decidiera sobre lo que él ha definido como "el pueblo sabio".
La consulta fue cuestionada desde un principio como ilegal. Sin embargo, no se puede ubicar en el marco de la legalidad cuando es organizada por quien no representa nada, ni está en funciones de gobierno ni de nada, ni tampoco utilizó recursos públicos. Un partido (Morena) organizó una consulta con coperachas (un millón y medio aportados por sus legisladores) para darle cuerpo a los deseos de su jefe político, que lo único que había dejado claro era su falta de compromiso con una decisión que, como Presidente electo, políticamente tenía que asumir: construir o cancelar la obra en Texcoco.
Ciento sesenta y nueve salarios mínimos y mucho circo es lo que barnizó la puerta de salida. La consulta estuvo llena de irregularidades, para efectos de legitimidad del ejercicio. El 70% de las urnas colocadas se hizo en municipios con una gran presencia de Morena. El mismo porcentaje de la gente que votó, se calcula, nunca se han subido a un avión, mucho menos tiene experiencia con aeropuertos. Pero al mismo tiempo, no se instaló ninguna urna en Las Lomas, Polanco o Santa Fe, en la Ciudad de México, donde se vende el 59% del boletaje de avión. No hubo seguridad para evitar fraudes, por lo que la gente pudo votar de manera múltiple, ni se cuidaron los datos personales (que es un delito). Fue, se puede argumentar, un montaje para que López Obrador pudiera manejar el conflicto que él mismo construyó con su discurso determinista desde la campaña presidencial.
Un millón de personas aproximadamente, de 130 millones de mexicanos, fueron incentivadas para decidir el futuro de una obra de casi 300 mil millones de pesos. Incurría la consulta en una abominable falta de representatividad, que durante la semana había levantado objeciones. Estudios, impactos y riesgos se pusieron sobre la mesa, y López Obrador insistía que sería la voluntad del pueblo la que regiría sus acciones. Daba igual que ganara Santa Lucía o Texcoco porque cualquier resultado tenía el mismo origen, el andamiaje propagandístico para que López Obrador, como Poncio Pilatos, se lavara las manos y fijara en la gente, mucha de la que participó ni tenían idea de lo que estaban votando, la coartada para su decisión.
La decisión sobre dónde quedará el nuevo aeropuerto, relevante en términos económicos, de conectividad y de confianza entre inversionistas, no lo era para el próximo gobierno en términos de lo que desnudó la consulta ciudadana: cómo va a gobernar López Obrador. No asumir la responsabilidad es una irresponsabilidad. Si bien la consulta no tenía ningún valor legal, el haberla hecho vinculante modificó el ecosistema político. Un presidente no delega las responsabilidades para las cuales fue electo, las asume y paga sus consecuencias.
Para eso fue electo presidente por la vía las urnas, donde una mayoría abrumadora de mexicanos le entregó con su voto el mandato para tomar decisiones colectivas en nombre de ellos. No le dieron ese mandato para que en los temas espinosos les devolviera la decisión a los ciudadanos. Una cosa es, como dice López Obrador, escuchar lo que piensa la gente, y otra es gobernar a partir de sus deseos. Hay decisiones difíciles que se tienen que tomar, aun a sabiendas que no son populares, y demostrar con los resultados los porqués de esas decisiones.
Querer gobernar con base en lo que quiere la gente es tramposo, sobre todo cuando es discrecional. ¿Por qué no hubo consulta ciudadana sobre el Tren Maya? ¿Por qué no organiza una consulta para que votemos si queremos seguir pagando impuestos? Ahí no. En el primer caso ejerció el mandato que le dio la gente en las urnas, y en el segundo sería un disparate que llevaría a cualquier gobierno al suicidio. Hablar de democracia participativa cuando huele más a una incipiente democracia tutelada, es un recurso que esconde la motivación real de la consulta ciudadana del fin de semana, que fue exclusivamente política.
El método para su toma de decisión sobre dónde quedará el nuevo aeropuerto, es lo que preocupa a los analistas extranjeros. Su declaración del viernes, de que todos nos vayamos acostumbrando porque las consultas ciudadanas serán su herramienta principal para decidir políticas públicas y el rumbo del país, los debe haber alterado mucho más. Pero no adelantemos vísperas. López Obrador ha mostrado con el paso de los años que aplica, quizás empíricamente, los siete pasos clásicos para tomar decisiones: identificar que tiene que hacerla, tener la mejor información posible, identificar las alternativas, sopesar la evidencia sobre cada una, escoger entre las alternativas, tomar acción, y revisar la decisión y sus consecuencias.
Es decir, siempre controla el proceso, que siempre ha sido político. La consulta ciudadana es como el plantón en Reforma en 2006 o las marchas de Tabasco a la Ciudad de México en los 90, que le sirvieron para abrir válvulas de escape social sin ser desbordado.