Rincon Del Experto

Gobierno no será un páramo de incompetentes

Las remuneraciones de gobierno deben ser sueldos de eficiencia, pese a la reducción de sueldos propuesta por la actual administración para algunos puestos públicos.

Por Joan Enric Domene, analista económico de Invex

Llevamos tiempo digiriendo la decisión de la nueva administración de "adelgazar" el gobierno para ampliar la redistribución de la riqueza. Sin embargo, hay quien sugiere que los recortes en sueldos generarían una "fuga de talento". Es decir, los mejores funcionarios dejarán el servicio público por mayores remuneraciones en el sector privado.

Debemos empezar en el entendimiento de que las remuneraciones de gobierno deben ser sueldos de eficiencia. Esto significa la necesidad de salarios mayores a los de mercado para incentivar la productividad y, de forma más importante en nuestro caso, desincentivar la corrupción. A nadie le interesa que un ministro de justicia sea fácil de comprar. Sin embargo, hay que responder a dos preguntas: 1) ¿Están los altos funcionarios sobrepagados?; y 2) ¿será atractivo el servicio público pese a los recortes?

En la primera, informes de la OCDE sugieren que el gobierno mexicano es comparativamente caro, pese a que está al final de la lista de PIB per cápita y recaudación de impuestos. El gasto en compensación de funcionarios como porcentaje del gasto total es de los más altos en la organización. Datos del 2015 señalan que los mandos altos y medios del gobierno ganaban en dólares ajustados por paridad de poder adquisitivo por encima de países como Noruega o Francia y eran los mejores pagados con relación al PIB per cápita.

En segundo lugar entra en juego la "puerta revolvente" del mercado laboral. Para muchos, el servicio público es un trampolín para mayores salarios en el sector privado. Por ejemplo, la experiencia de un subsecretario de Hacienda o investigador de Banxico es sustancialmente valiosa para empresas del sector financiero. Además, incluso tras el recorte, los salarios más altos son comparables a la media de la OCDE o España, por ejemplo.

Por último, habría que ver la capacidad de absorción del sector privado y la competitividad de los sueldos para afirmar que habrá fuga. Si bien hay salidas de funcionarios cercanos a la jubilación que temen perder sus privilegios, los puestos de responsabilidad pública seguirán atrayendo profesionales competentes. Es cierto que necesitamos atraer y retener funcionarios competentes, pero igual de importante es que la brecha entre gobierno y pueblo no invalide el contrato social.

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