Rincon Del Experto

OPINIÓN: Responsabilidad Fiscal

El gasto público del nuevo gobierno para 2019 se topará con una dura realidad: el avance económico y social propuesto, requiere de finanzas públicas fuertes y sanas.

Joan Enric Domene, analista económico en INVEX

Manejo responsable de las finanzas públicas. Esto es uno de los puntos clave que el sector privado e inversores internacionales esperan del nuevo gobierno.

La austeridad suele ser la opción con menor coste electoral, por lo que la mayoría de políticas se centran en recorte del gasto. Sin embargo, la nueva administración intentará mejorar la eficiencia y reducir la corrupción que limita la transmisión del gasto público.

El gobierno saliente introdujo reformas estructurales que fortalecieron las finanzas públicas y mejoraron el crecimiento potencial. Aun así, la mayoría de las medidas de recaudación son las más bajas entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las agencias crediticias observan con lupa el aumento de la deuda.

La sociedad rechaza aumentos impositivos y el presidente electo los descarta. No obstante, el presupuesto 2019 topará con una dura realidad; el avance económico y social que abandera el nuevo gobierno requiere de arcas bien financiadas. A México le urgen inversiones en infraestructura, transporte, educación, sanidad y seguridad para el desarrollo del país, con lo que la contención del gasto es contraproducente a largo plazo.

Si la nueva administración quiere mejorar el país no puede permitirse dar marcha a atrás en las reformas estructurales ya aprobadas, aunque no completamente implementadas. Algunos gobiernos tienden a "tropicalizar" el concepto de Estado de Bienestar: una mezcla de obras públicas ineficientes, subsidios y programas asistenciales sin llegar a reforzar las medidas para ajustar la desigualdad y combatir la corrupción e informalidad.

Esto asegura precariedad y erosión de las instituciones.

En contraposición, se podría fomentar la formalidad y productividad, aumentar el peso tributario y reducir subsidios a actividades con externalidades negativas, como en los energéticos y explotación de recursos naturales.

Simultáneamente se necesitaría una política activa para combatir la desigualdad, más allá de la redistribución de renta, y la corrupción institucional. Esto apoyaría el crecimiento en el corto y largo plazo, lo que costearía la inversión pública y haría la acumulación de deuda financiable y menos nociva.

El problema del endeudamiento no es la acción en sí, si no el uso de este.

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