La matanza de Florida reabrió el debate sobre la regulación de armas en Estados Unidos. La exigencia de controles más estrictos proviene ahora de quienes han sido las víctimas principales de la sinrazón. Los estudiantes encaran a los cabilderos de un mal entendido derecho constitucional. Están hartos de vivir con miedo, de la zozobra que mañana puede ocurrir en cualquier escuela, de desconfiar de unos y de otros. Y es que es fácil perder la cuenta sobre los casos de jóvenes solitarios que toman un arma y disparan contra sus compañeros. Niños que toman rifles de alto calibre que están disponibles en las salas de sus casas. Ciudadanos que crecen en el infame culto al belicismo.
Contrario a lo que nos empeñamos en creer, lo que sucede con las armas en Estados Unidos es uno de nuestros mayores problemas. Recientemente se publicó un estudio sobre la relación entre el comercio de armas y la violencia en México (Beyond Our Borders: How Weak U.S. Gun Laws Contribute to Violent Crime Abroad). Los datos son escalofriantes. Se estima que, en promedio, 213 mil armas de fuego ingresan ilegalmente cada año a través de la frontera norteamericana. De acuerdo con datos oficiales, 70 por ciento de las armas decomisadas por fuerzas de seguridad pública mexicanas (2011-2016) fueron adquiridas legalmente en Estados Unidos a un vendedor de armas con licencia. La información recabada entre 2009 y 2014 demuestra que 41 por ciento de las armas fueron compradas en armerías localizadas en Texas, 19 por ciento en California y 15 por ciento en Arizona. La mitad de ese universo son armas largas, incluyendo rifles semiautomáticos de las variantes de AK y AR, del mismo tipo de la que usó Nikolas Cruz en contra de sus propios compañeros. Se trata de un poderosísimo y lucrativo mercado negro que se alimenta de un igualmente lucrativo mercado formal.
En 1997, sólo 15 por ciento de los homicidios en México eran cometidos con armas de fuego. Veinte años después, con el levantamiento de la prohibición de venta de armas de alto poder en 2004 en Estados Unidos, la cifra alcanzó 66 por ciento, casi 134 mil homicidios dolosos entre 2000 y 2017, según estimaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La fuerte correlación entre el mercado negro de armas y la violencia salta a las intuiciones más primarias: es una de las razones eficientes del incremento a la violencia, tanto por el constante flujo de las exportaciones como por la contracción de la eficacia del Estado mexicano para reducir la oferta. En efecto, el esfuerzo de las autoridades de nuestro país es claramente insuficiente para contener este imponente flujo: en 17 años se han asegurado aproximadamente el mismo número de armas que se exportan ilegalmente a México en un año. Es clara –y preocupante– la tendencia a la baja en la cantidad de armas aseguradas por la autoridad: 2016 fue al año con el menor número en una década. De un pico de 40 mil armas en 2011 pasamos a un promedio de nueve mil en los últimos tres años. Nos encontramos en el peor de los mundos: el ingreso ilegal no cede por el contexto regulatorio de la fuente del mercado negro y, además, carecemos de una política criminal para reducir su disponibilidad en nuestro país. Que no nos extrañen, entonces, los altos índices de violencia que padecemos.
Puede parecer demasiado optimista, pero la reacción inicial de los jóvenes de Florida puede ser la chispa que detone un movimiento social por una regulación inteligente sobre las armas en Estados Unidos. Una primavera estudiantil que, si no busca reinventar el mundo, busque simplemente hacerlo un poco menos suicida. Nuestra empatía debe estar con esos muchachos. También el esfuerzo político, diplomático y jurídico del Estado mexicano frente a la escalada de la insensatez. Necesitamos urgentemente una estrategia nacional que empiece por identificar la forma de operación de este mercado negro y por fortalecer los controles fronterizos. Porque Parkland es, también, nuestro problema.