La administración Trump ha retomado una propuesta para flexibilizar las reglas de exportación de armas y, en particular, de rifles de asalto. Esta nueva regulación implica que un buen número de armas y tipos de municiones pasen de la lista del Departamento de Estado a la del Departamento de Comercio, de modo que se facilitaría su adquisición por parte de compradores fuera de Estados Unidos. Si bien esta discusión inició hacia 2010 por la fuerte presión de los cabilderos financiados por empresas armamentistas, su expedición había quedado suspendida tras la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook, en 2012, en la que murieron 28 personas, de las cuales 20 eran niños. A la llegada de Trump, su tramitación retomó nuevo impulso como parte de los compromisos de campaña, pero los tiroteos en Las Vegas, en 2017, y el más reciente de Parkland, en 2018, revivieron las críticas sobre la irracional disponibilidad de armas en aquel país. Sin embargo, hace unos días el Departamento de Comercio anunció que la normativa pasará pronto a consulta pública y que se encuentra lista la estructura orgánica para implementar las nuevas reglas de exportaciones.
El argumento central de los impulsores de este cambio regulatorio es que las restricciones a las exportaciones cierran una importante ventana de negocios, sobre todo en un momento en el que las utilidades por la venta de armas al interior de Estados Unidos han descendido en los últimos dos años. El lobby armamentista calcula que si se flexibilizan estas limitaciones, las ventas al extranjero podrían incrementarse en 20 por ciento. Y esto es lo que hace aún más delicada la cuestión en el corto plazo. El dinamismo de la industria armamentista es un elemento poderoso de presión para la administración y el Partido Republicano: varios estados conservadores que pueden definir la composición del siguiente Congreso dependen económicamente de la producción y comercio de armas, sin mencionar aquellos en los que el supuesto derecho natural a su adquisición y portación cuenta con respaldo social mayoritario. La regulación del mercado de armas pasa gradualmente de ser un problema esencialmente político a uno de carácter económico. Es el derecho a comprar y portar, sí, pero también los empleos e ingresos de los votantes republicanos.
Desde que se eliminó la prohibición de venta de armas de asalto en 2004, la disponibilidad de armas de alto poder se ha incrementado notoriamente. Muchas de ellas empezaron a venderse en grandes superficies y tiendas especializadas de deportes. La nueva regulación para las exportaciones, de hecho, está basada en lo que se conoce como el 'test Walmart': si un arma se puede comprar en una de estas tiendas conforme a la ley vigente, entonces debe estar incluida en la lista del Departamento de Comercio y, por tanto, disponible para su exportación con menores requisitos. Así las cosas, sólo armamento particularmente excepcional quedará bajo el control de venta del Departamento de Estado, que exige la intervención de otro agente soberano y la acreditación de una razón geopolítica, de seguridad nacional o de cooperación internacional. Todo parece indicar que, además del actual mercado legal de armas para consumidores en Estados Unidos, pronto tendremos otro de exportación que incrementará sensiblemente la probabilidad de acceso por parte de organizaciones del crimen organizado.
Las matanzas recientes y las reacciones políticas subsecuentes no han alterado la posición de la administración de Trump con respecto a la regulación de las armas. Las movilizaciones, sobre todo de estudiantes, parecen no haber modificado la percepción social sobre la gravedad de esta cuestión. No hay costo electoral por continuar con esta sinrazón, pero sí, al parecer, un ganancial político inminente. Y es que el presidente y los republicanos se juegan el control de las cámaras y requieren mantener la fidelidad de sus resortes financieros y electorado más conspicuo. Son, pues, altísimas las probabilidades de otro vuelco proarmamentista. Quizá de mayor impacto e implicaciones que aquella decisión fatídica de 2004.
México debe poner la cuestión de las armas en la mesa de la relación bilateral. Nuestro reclamo sólo aparece cuando el país es cuestionado por Estados Unidos sobre su compromiso y esfuerzo para reducir el tráfico de drogas. La regulación de las armas no es una posición firme sobre la cual gravite la mutua colaboración, sino apenas un balbuceo justificatorio en el intercambio de culpas. Y, mientras tanto, miles de mexicanos mueren a causa de un arma y una bala que alguien adquirió legalmente en alguna tienda de autoservicio, justo después de poner en el carrito del súper un cartón de huevos y dos piezas de pan.