No fue buena idea desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. La intención parecía plausible: concentrar la responsabilidad federal y la interlocución con los gobiernos locales en términos de despliegue operativo, colaboración en inteligencia y fortalecimiento institucional. Las agencias e instancias de seguridad se entenderían con un solo mando político, en lugar de la esquizofrenia de las múltiples ventanillas. La supersecretaría tendría mayores capacidades para impulsar agendas y disciplinar la negligencia o la incompetencia, en especial de los órdenes locales. Los botones de la política sintonizarían los incentivos de todos los involucrados. La coordinación sería factible en la concentración de todos los instrumentos de poder.
La consecuencia institucional evidente de este modelo fue el desplazamiento de prioridades. La seguridad rivalizó con otras atribuciones a cargo de la Secretaría de Gobernación. La división del trabajo como principio no sólo responde a las necesidades de especialización de deberes y tramos de responsabilidad, sino también a la factibilidad material para atender las necesidades y tomar decisiones. Es humanamente imposible que una sola persona se encargue de conducir la política interior, la seguridad, el diálogo con el Congreso y los gobiernos locales, la política de derechos humanos y de migración, la agenda de gobernabilidad, la implementación del sistema de justicia penal, el control regulatorio de los juegos y sorteos, la relación con los medios de comunicación, entre un largo etcétera. No hay equipo que alcance para aumentar horas al día, ni para mantener estables las prioridades en contextos de escasez: de tiempo, energía y dinero.
En esta lógica política de definirse por el reflejo del retrovisor, la nueva administración corrige el error de la anterior, pero en una peligrosa vuelta de péndulo. Es sin duda deseable el restablecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Significa un paso para que ciertos procesos, como el desarrollo de capacidades policiales, recuperen relevancia en la agenda de seguridad del país. El problema está en el modelo organizacional que se propone. De la actual supersecretaría política a una supersecretaría de seguridad que concentre en una sola instancia todos los brazos del Estado mexicano dispuestos para los objetivos de seguridad pública y nacional. Esas son las implicaciones de adscribir el Cisen y otras áreas de Segob a la nueva Secretaría de Seguridad: una única agencia encargada de formar policías, atender a población civil en casos de desastres naturales, prevenir e investigar delitos federales, suplir la debilidad local, proteger y resguardar instalaciones estratégicas, contrainteligencia, identificar y reducir riesgos o amenazas a la integridad del Estado, más lo que se sume en el camino.
Concentrar el poder no es buena idea. Puede parecer funcional en algunas circunstancias, pero entraña riesgos mayores. Máxime cuando se trata del poder coactivo del Estado. La separación entre la seguridad pública y la nacional responde a la racionalidad de fines de cada función, pero también al imperativo de mantener las porciones de poder en equilibrio y bajo vigilancia. Es un antídoto institucional a la natural tentación a la arbitrariedad. La mejor herramienta de un presidente para evitar que alguno de los suyos desafíe a la legitimidad democrática.
El país necesita una nueva política de seguridad con perspectiva federalista. En el ámbito local están las mayores debilidades y el grueso de responsabilidades. El fallo del modelo de subsunción política de la seguridad fue, precisamente, que los acentos no se fijaron en el largo plazo, sino en las coyunturas. El riesgo de la alternativa es que la racionalidad operativa, de reacción coactiva, desplace el sentido político de crear instituciones funcionales y perdurables. Volver a tropezar con la misma piedra, pero al revés, con los mismos resultados: otros seis años de violencia e impunidad.