El modo cómo el nuevo gobierno y el presidente electo han elegido lidiar con algunos temas grandes de la economía ha desconcertado al más pintado. Muchos se declaran incapaces de entender los motivos no explícitos, y otros optan por 'cobijar' sus temores apocalípticos sobre lo que nos espera con la administración entrante.
Primero, en el caso de un proyecto de gran calado como el del aeropuerto en Texcoco, se popularizó la especie de que el presidente electo López Obrador había decidido actuar por la vía rápida para hacer homenaje a Humpty Dumpty y mostrarnos que en esto, como en otros flancos de la vida pública, "lo que importa saber es quién manda". Que más allá de las conveniencias técnicas, financieras o de utilidad pública, lo importante era exhibir el poder político apenas constituido, frente a los excesos continuados de unos conglomerados empresariales mal acostumbrados y peor educados en las prácticas de la cooperación y la comunicación con los gobiernos, a los que parecían estar convencidos de haber vencido en la justa por la hegemonía que abriera la nacionalización bancaria de 1982.
Por eso la forma se volvió fondo muy rápido en el caso del aeropuerto. Una vez dado el manotazo, vendrían las operaciones de avenimiento, compra y venta de protección, simbólica y no, con esos destacamentos del capital cuya presencia y entendimiento se quieren indispensables para acometer las grandes tareas de hacer realidad la 'cuarta transformación'.
Luego, irrumpió nada menos que el complejo asunto de la regulación financiera, en especial los temas del exceso de lucros bancarios obtenidos mediante un régimen de cobro de comisiones por servicios que no guarda comparación con lo que ocurre en otros lados, mucho menos con la calidad de dichos servicios.
Aquí, topamos con un discurso un tanto extravagante del líder de la mayoría senatorial, quien hizo de su propuesta sobre la cuestión financiera una exhibición exagerada de sus ganas de autonomía política como cabeza de una parte del Poder Legislativo que, depositado en el Congreso de la Unión, no se divide más que para fines operativos y de entendimiento, por lo que afirmar la autonomía de una de sus partes, en este caso la del Senado, no sólo es una exageración sino un error interpretativo aberrante. En el que un personaje como el senador Monreal no debía caer nunca, habida cuenta de su experiencia política y jurídica.
Lo que importa es saber quien manda, entonces. Mientras esta especie se difunde, para la mayoría de los ciudadanos no parece haber duda: el que manda es quien ganó y lo que está cargado de enigmas es el qué hacer y cómo y con el poder estatal apenas constituido, a pesar de la mucha tinta invertida en la exposición de intenciones, objetivos, metas y compromisos desplegada en la pasada contienda electoral.
Guste o no, esas expresiones fueron de campaña y no pueden ser entendidas como compromisos inamovibles de la formación política triunfadora, mucho menos como misiones imposibles de quien encarna las voluntades y sentimientos de la nueva mayoría. Las consultas pueden seguir, pero por sí solas no resuelven el gran desafío: obtenido el triunfo, el ganador tiene que volver sobre sus pasos, revisar sus conceptos y convicciones y asumir que las cargas del poder no son lo mismo que las ganas del querer. Que lo primero está repleto de implicaciones, costos, posposiciones y hasta negaciones supeditadas todas ellas al gran objetivo del bienestar del reino, que diría Adam Smith, y la tranquilidad de las comunidades que lo conforman.
De esto, de bienestar y seguridad, se trata la gestión pública cuya legitimidad además depende en alto grado de lo que pueda realizarse en materia de justicia social, redistribución de bienes y frutos, respeto y protección de los derechos fundamentales. No hay ni habrá operación o manipulación del poder, que sustituya la ausencia de estos principios y mandatos primigenios del Estado moderno. Lo que hemos querido ser sin aún lograrlo.