Rosario Guerra

Autonomía y soberanía

Si los coordinadores estatales ayudan a mejorar el gasto público en las entidades, puede lograrse una mejor aplicación de recursos con mayor transparencia, dice Guerra.

Fue Alexander Hamilton impulsor del Federalismo, creador del Banco Central y del dólar como moneda. La independencia de las trece Colonias en Norteamérica implicaba grandes retos para unificarlas, primero lograr enfrentar a Gran Bretaña, y luego constituir una nueva nación, que respetara sus diferencias en cuanto a impuestos y formas de producción, pero permitiese un gobierno nacional fuerte. Hamilton concibió el Pacto Federal como reconocimiento a otras soberanías dentro de la propia soberanía nacional, con autonomía para dictar sus propias leyes y formas de gobierno, lo que a la vez, abonaba un Estado rector del desarrollo. El Pacto Federal inspiró a las colonias españolas en su propia Independencia.

Surgieron así nuevas Repúblicas basadas en el Pacto Federal. México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, siguió este concepto y así se conformaron las 32 entidades que hoy integran la República. La Constitución tutela y reconoce los ámbitos de acción federal, estatal y municipal, su coexistencia con atribuciones y funciones específicas que se rigen por leyes federales, generales o especiales. La coordinación en temas fiscales se rige por leyes específicas que determinan mediante fórmulas que consideran diversos aspectos como población, recaudación, educación, salud. Infraestructura. Así se establece que los Estados limitan parte de sus labores de recaudación a cambio de participar de la que efectúa la Federación. Dichas participaciones son inembargables pero se pueden ofrecer como garantía bancaria.

La discusión sobre las nueva figura de coordinadores estatales y regionales que sustituyan a los delegados federales es vista con recelo por los Gobernadores que ya se han pronunciado al respecto. En realidad aún no sabemos bien que funciones y atribuciones tendrán dichos coordinadores. En realidad el Ejecutivo, a través de su Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, puede decidir cómo organizar su funcionamiento, sin que esto sea materia estatal o municipal. Sin embargo la forma de operar recursos federales en los estados es un tema de trascendencia, en el cual, al menos teóricamente, lo deseable es que exista una buena coordinación que mejore el gasto público.

Los Gobernadores adquirieron un gran poder cuando el Ejecutivo perdió mayoría en el Senado, donde se instruyen los procesos en su contra, y además la descentralización del ramos presupuestales que ingresaron a sus tesorerías y cuya aplicación es supervisada por las Auditorías Superiores de los Congresos Locales, en la cual predomina el Ejecutivo Estatal con o sin mayorías, aumentaron sus ingresos más allá de participaciones fiscales. Parte de los escándalos de corrupción derivan de esta falta de transparencia en el gasto y su aplicación.

Si los coordinadores estatales ayudan a mejorar el gasto público en las entidades, con consultas a la ciudadanía sobre obras y servicios, y coordinan acciones con estados y municipios, puede lograrse una mejor aplicación de recursos con mayor transparencia. Sin embargo; lo que muchos perciben es que los coordinadores van a actuar en el ámbito de sus atribuciones al margen de los gobiernos locales, lo que puede resultar en duplicidades e incluso confrontaciones e inmovilidad. Hay coordinadores como Carlos Lomelí, Jalisco, que retan al Gobernador a que se subordine a ellos y que el Presidente ni los recibirá. Hay otros como Delfina Gómez que asegura se llevará adelante una buena coordinación.

¿Qué pasará? Cuando se reforme la Ley lo sabremos, antes solo especularemos. Y desde luego la actuación en el terreno de los hechos irá conformando lo que un coordinador estatal puede lograr. Desde luego, el tema no es solo administrativo, es fundamentalmente político. Puede concretarse en un control político de contrapeso a los Gobernadores, que además estarán acotados por Congresos Locales de mayoría afín al Ejecutivo Federal, o puede darse, como alguna vez lo instrumentó Luis Donaldo Colosio, como un impulso a la participación social en definiciones de políticas públicas, con una mejora en la gobernanza.

Oportunidad y riesgo, como todo lo que implica este nuevo gobierno, será lo que veremos en los próximos años. Pueden materializarse unos u otros, pero lo que se deberá revisar con lupa el nuevo marco jurídico y su operación. Lo importante es que no se inicie una confrontación entre niveles de gobierno, sería terrible vivir así, en una lucha electoral por las Gubernaturas en estados con serios conflictos.

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