Mientras los partidos derrotados duermen, o se despedazan, Andrés Manuel López Obrador continúa su marcha triunfal de concentración de poder.
Ayer miércoles el candidato ganador de las elecciones del 1 de julio trazó la agenda que, con su mayoría legislativa, impondrá a México.
El listado no sorprende: cancelará la reforma educativa, modificará régimen de fueros, desaparecerá al Estado Mayor Presidencial, hará delito grave la corrupción, reducirá sueldos de funcionarios e impondrá tope a los mismos, etcétera.
En estricto sentido, López Obrador está en el negocio de cumplirle a su electorado. "No ofrecí cosas que no iba yo a cumplir", ha dicho al presentar la docena de iniciativas que enviará al Legislativo.
Pero como en el caso del Ejecutivo, la reconfiguración del poder surgida de las urnas irá más allá de las mayorías que logró en el Congreso de la Unión, donde impondrá sus reales a partir de contar con 54 por ciento de los senadores y 61 por ciento de los diputados.
López Obrador cambiará al Congreso por la vía más sencilla: la del Presupuesto.
Podrían estar llegando a su fin los abusos de tantos años de bancadas parlamentarias que se repartían cientos de millones de pesos de manera discrecional (con el reciente escándalo Sansores se habló de que sólo este año en el Senado se gastarán mil millones de pesos en total opacidad, Reforma 21/06/18), o a su fin en la manera en que ocurrían hasta hoy, pues no podemos descartar que Morena encuentre su propio esquema de uso discrecional (abusivo) del presupuesto parlamentario.
Por lo pronto, con su anuncio de ayer miércoles, López Obrador reitera que impondrá criterios para sueldos y para gasto en todos los escenarios de la vida pública, incluida, por supuesto, la vida parlamentaria.
El experto en asuntos parlamentarios Khemvirg Puente ha destacado la renuencia en las cámaras de Diputados y Senadores a ajustarse a marcos de transparencia y rendición de cuentas. Y el caso Layda Sansores, revelado por Denise Maerker, da cuenta de sólo un ejemplo al respecto.
Porque nuestros legisladores aprueban leyes de transparencia para las mulas de sus compadres, pero se sacan transitorios de la manga para darse plazos que les permitan no reportar sus gastos, como ocurrió con la Ley General de Transparencia. De hecho, fue apenas hace unas semanas, y en las sus últimas horas del periodo de sesiones, en que la Cámara de Diputados aprobó por fin su reglamento de transparencia.
Ahora, López Obrador les impondrá criterios de gasto y, eventualmente, de rendición de cuentas de los mismos.
Cabe recordar que tenemos un Poder Legislativo donde el peso del partido ganador se refleja también en el reparto de titulares de los órganos administrativos, salvo en el rubro de servicios parlamentarios, donde sí se ha vivido una continuidad. Es decir, Morena podrá imponer criterios para el dinero que se reparten a las bancadas y para el gobierno del Congreso.
No sería raro que la función legislativa demandara menos recursos: si el verdadero (o único) legislador estará en el Ejecutivo, pues se le puede reducir el presupuesto a quienes ya no harán las leyes, a quienes ya sólo las discutirán ya cocinadas.
Si eres un congreso que discute y elabora iniciativas de ley, sí necesitas dinero (recursos para foros, estudios, dictámenes, etcétera); pero si sólo eres una correa de transmisión, no deberías necesitar un presupuesto significativo. La oposición tendrá que aprender a vivir en mínimos.
Nadie dice que eso esté mal per se. Pero es un cambio, y hay quien se ajusta a él, y quien no. Todo ello, por supuesto que hay que repetirlo, no garantiza que Morena no encuentre sus propios mecanismos de opacidad y abuso de los dineros en el Congreso, incluso si no hubiera tanto presupuesto como hasta hoy.