Érase una vez que este gobierno iba a construir un tren de la Ciudad de México a Querétaro. Pero luego ocurrió que uno de los contratistas de esa empresa había hecho el favor de construir una casa a la esposa del presidente y el proyecto ferroviario descarrilose para enfado de, entre otros, la nación china que, contrato en mano, se quedó sin obra.
Érase otra vez que justo hace un año un día sí y el otro también se apuraban los trabajos del Paso Exprés de Cuernavaca. El secretario Ruiz Esparza quería quedar bien con su jefe y hacer que la obra inaugurara la vacación de la Semana Santa. Dos meses después, un socavón mató ahí a dos personas que circulaban sobre la flamante, pero hueca, autopista. Cuando se revisaron los contratos, supimos que la carretera había costado el doble de lo presupuestado, y también descubrimos que ninguno de los contratistas tuvo a bien considerar un cuerpo de agua que lleva ahí toda la vida.
Érase, finalmente, una administración que no podrá inaugurar el otro tren que pensaba tener listo para este año. Así que el mandatario mexiquense no podrá hacer en ferrocarril, el 1 de diciembre, el trayecto de regreso a su añorada Toluca: los contratos, por lo pronto, no tuvieron la palabra de honor y esa obra no se verá concluida antes del 30 de noviembre.
En el sexenio de la 'estafa maestra' (convenios bien firmados por cientos de millones de pesos que no son lo que dicen ser), los empresarios se dicen al punto del infarto porque un candidato (ya saben quién) ha prometido revisar los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los otorgados en las rondas petroleras.
En la administración que no le cuidó las manitas a los Duarte, a Borge, a Sandoval… en los tiempos en que se ha vuelto más que leyenda una industria multimillonaria de empresas fantasma, escuchamos el rasgamiento de las vestiduras porque qué será de nuestro impoluto Estado de derecho si el próximo presidente no honra (qué gran verbo, supongo que algo tendrá que ver con honradez) los compromisos de México con el gran capital.
Jesús bendito, ¿qué irán a decir de nosotros en la OCDE si la próxima administración revisa con lupa algún contrato del NAICM? ¿Con qué cara iremos a las reuniones de la APEC? ¿O a Davos? Supongo que con la misma cara de ser la única nación de América Latina que al revisar las confesiones de corrupción de Odebrecht nomás no encuentra ni un triste peso podrido de esas operaciones en suelo mexicano, ni mucho menos a quien se lo embolsó. Y de todo eso hay contratos entre la constructora brasileña y Pemex, contratos que por cierto luego se pagaron muy por encima de lo estipulado al firmarlos.
En ese mismo país, en la presente elección hay un candidato presidencial que busca que la gente le crea que enjuiciará a Enrique Peña Nieto por eventual corrupción. Si tal oferta de Ricardo Anaya fuera consistente, tendría que ser él, antes que otro, quien más solicitara que ya se instale un grupo de revisión transexenal de lo que Ruiz Esparza está haciendo en el NAICM (¿o ustedes honrarían, a ciegas, lo que hubiera amarrado el secretario de Comunicaciones y Transportes?).
Solo por si hiciera falta decirlo, estudios de México Evalúa (http://mexicoevalua.org/2016/04/29/resumen-ejecutivo-de-metrop/ en 2016) y del IMCO (https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/) dan cuenta de un rosario de insuficiencias (sistémicas para sorpresa de nadie) en los contratos que firma nuestro gobierno: hay enorme falta de transparencia, por decir lo menos.
Por último, los contratos de obra pública están de manera permanente en revisión, tanto que se amplían o autorizan mayores presupuestos, de ahí que no sea una locura que alguien busque que se analicen una vez más. Por lo que es pertinente preguntar, en el marco de los escándalos de corrupción de este sexenio, ¿de qué se tratan los lamentos de la IP, de hacer imperar aquello de lo caido caido, o de hacer cumplir –de verdad– el Estado de derecho?