Ha comenzado a hacer ruido el anuncio de que, desde ya, el próximo gobierno realizará un censo sobre las necesidades de la población: el Censo del Bienestar.
Ya se sabe que la Secretaría de Desarrollo Social pasará a llamarse del Bienestar. Lo que no se sabe es por qué razón Morena se ha autoadjudicado la autoridad y la capacidad para realizar un censo, qué metodología seguirá para ello, qué legalidad tendrán sus productos, de dónde saldrá el presupuesto para el mismo y qué uso se podrá dar a esa información (dicho de otra manera: qué garantías hay de que ni se vulnerarán los datos personales de los censados, ni se utilizará tal información para fines electorales), etcétera.
Parte de lo anterior lo señalaba ayer en el diario Crónica Saúl Arellano, de México Social:
"Se ha dicho que, en el caso del primer censo, serían los subdelegados regionales los responsables de ir casa por casa a levantar la información; sin embargo, por lo que se sabe en medios de comunicación, habría 264 o 270 de estos subdelegados. El problema es que el país tiene alrededor de 33 millones de viviendas habitadas en un territorio de alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados.
"Lo anterior significa que cada subdelegado tendría que censar alrededor de 122,222 viviendas; y eso exigiría que cada subdelegado invirtiera algo así como cinco mil días (13.5 años) para cumplir con la tarea encomendada.
"Así las cosas, surgen numerosas dudas: ¿quién realmente diseñará –cuestionarios, operativo de campo, procesamiento y análisis de la información– esos censos?" .
De hecho el censo fue uno de los primeros anuncios en la llamada gira de agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador iniciada el lunes desde Nayarit, donde dijo: "En unos días más empieza a llevarse a cabo un censo en todo Nayarit, un censo para bienestar. Se va a ir casa por casa y, así como se va a iniciar aquí en Nayarit, se va a iniciar en todo el país, se va ir seleccionando, se va ir sacando a todos los beneficiarios de los programas", dijo el tabasqueño según nota de Reforma. El colega Alberto Aguirre aportó ayer también un dato relevante para el tema que estamos tratando, sobre todo en lo relativo a cómo funcionarán las superdelegaciones estatales: "Cada uno de los subcoordinadores (o subdelegados) deberá reclutar a 50 colaboradores que, mientras ocurren las adecuaciones legales, cumplirán con un trabajo voluntario".
Como recuerda Aguirre, esta estructura estará comandada por Gabriel García Hernández, encargado de organización de Morena y futuro coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, para más señas, jefe de los superdelegados.
El proyecto del censo ha ocupado semanas a García Hernández y está contenido en un documento llamado Estrategia para el censo. Según fuentes consultadas, para el censo el país será dividido en la reticula que ya definen las secciones electorales (sí, electorales) y un ejército de hasta 20 mil voluntarios saldrían a encuestar de aquí a noviembre (ese grupo de colaboradores provendrían de la estructura electoral que ya armó García Hernández para la elección pasada).
Con tablets en mano (20 mil) y un cuestionario propio, pues desdeñarán el CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica, que tiene 95 preguntas y lleva años haciéndose), Morena pretende "innovar", pasar por encima del Inegi y obtener información que estará anidada ni más ni menos que en la Presidencia de la República, que será desde donde despache García Hernández. Los tres objetivos principales del censo, se dice, son: establecer sus propios padrones correspondientes a adultos mayores, personas con alguna discapacidad y jóvenes.
Ya que andan tan entrones, ojalá en el Congreso de la Unión los de Morena y los de la oposición (porque sí hay oposición, ¿verdad?) discutan sobre la legalidad, y la pertinencia de este censo. Y ojalá el Inegi también diga esta boca, o al menos los censos, solían ser míos.