Hace un tiempo el colega Rafael Cabrera tuiteó que a un mexicano le puedes violar sus derechos y no hará nada, pero sí le tocas su auto ahí sí la arma de pedo. Cito de memoria y no importa si no recuerdo en qué coyuntura se publicó tal mensaje: estamos atestiguando su plena vigencia desde la semana pasada.
El año, y ahora sí se puede decir que el sexenio, ha comenzado con una polémica dual, surgida de las mangueras despachadoras de gasolina.
Los detractores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador reclamaron en los albores de 2019 algo que quisieron llamar, con más pena que gloria, gasolinazo.
En contra de su promesa de campaña de bajar a nivel nacional el precio de los combustibles, el nuevo gobierno decidió mantener esa fuente de ingresos. Tal decisión, afortunadamente, no prendió: no ha suscitado saqueos como cuando Meade and Cia. dieron, sin servilleta con una adecuada estrategia de comunicación, el gasolinazo de 2017.
De cualquier manera, haber dejado en su nivel los precios de gasolina no será visto con buenos ojos por la población.
Y ese malestar puede ser el inoportuno caldo de cultivo para una crisis mayor, la del desabasto de gasolinas en varios estados, que sería la primera de carácter popular para este gobierno.
El discurso de la soberanía nacional de López Obrador pasa, desde hace décadas, por el petróleo. Es un mandatario anclado en la noción de que nuestra historia era mejor cuando Pemex o la CFE fueron nacionalizadas. Así lo expresa en su libro 2018, la salida, donde, tras dedicar varias páginas a defender la idea de que nuestro país debe tener más refinerías antes que importar combustibles, sostiene: "en conclusión la venta de las gasolinas y el diesel es un negocio muy rentable. La reforma energética entregó los activos de la nación pero, sobre todo, pretende quitar a México su soberanía energética".
En ese libro, publicado en 2017, López Obrador cerrará el capítulo titulado "Le retuercen el pescuezo a la gallina de los huevos de oro" con la carta que el presidente López Mateos publicó luego de la nacionalización de la industria eléctrica, misma que comienza así: "Pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros".
"Ni un paso atrás", fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica…."
Y el tema petrolero, para AMLO, no sólo es el discurso. Todo mundo sabe que parte de su liderazgo a nivel nacional creció luego de sus protestas, que incluyeron choques con la autoridad, donde fue descalabrado, en pozos petroleros en su tierra, Tabasco.
Ahora, de cara al futuro, López Obrador ha apostado buena parte del capital político de su presidencia, y del Presupuesto público de la misma, a la creación de una refinería y a la modernización de otras, a recobrar esa "soberanía" energética, cosa que diversos expertos le han cuestionado.
Ese presidente petrolero hoy está en el umbral de una crisis de opinión pública que rebasará al círculo rojo.
El desabasto en Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Hidalgo y Jalisco es un coctel delicado, explosivo en términos de ánimo social.
Mientras el presidente quiso ayer, en su rueda de prensa, tranquilizar a la población diciendo que en su gira del fin de semana por el norte del país no encontró mayor problema en cuanto a abasto, y que ya están abriendo "con cuidado" los ductos, este mismo lunes se multiplicaron las demandas en entidades como Guanajuato o Jalisco por la falta de combustible.
Si tomamos en cuenta la versión de Jalisco, por ejemplo, sucede que Pemex sólo tiene la mitad de las pipas que necesitaría para transportar la gasolina necesaria (60 mil barriles diarios) para mantener en niveles óptimos los inventarios de la zona metropolitana de Guadalajara, que se estima que hoy padece un desabasto de 60 por ciento por el cierre del ducto de Salamanca. ¿De dónde va a sacar Pemex otras 75 pipas para normalizar ese flujo?
Lo peor de este problema es que se están perdiendo de vista asuntos cruciales. Si estamos, como asegura la administración AMLO, ante un esfuerzo sin precedente en contra del robo de combustible, qué malo que la discusión no sea sobre la dimensión del problema en que vivimos metidos desde hace décadas, sobre los intereses del crimen organizado en esta materia, sobre las obligadas complicidades oficiales (del sector energético y de procuración de seguridad) que permitieron esta megafuga nacional de recursos públicos, sobre el lavado de dinero que implica este negocio. No estamos, pues, hablando del problema, sino de un intento, hasta hoy no sabemos si siquiera prometedor, de solución.
Toca al gobierno de López Obrador hacer una mejor comunicación de lo que está pasando, de lo que viene y de lo que implicará para todos dar la batalla contra el huachicol. Porque si no, como advertía el colega Cabrera, los ciudadanos terminarán por pedirle al presidente petrolero que deje robar a los huachicoleros para poder seguir usando sus naves.