Para cuando ustedes lean esto el país habrá cambiado de nuevo. Son cambios que desde el 1 de julio ocurren casi por horas. Transformaciones, empero, que se dan sin que advirtamos el calibre de las mismas, ya sea porque han sucedido en un espacio alternativo a la realidad legal (nuevo aeropuerto), o porque se trata de cambios legislativos cuyo verdadero impacto se verá al correr de los días del mes de diciembre.
Andrés Manuel López Obrador y sus mayorías legislativas se han comportado en esta transición como un bulldozer, máquina todoterreno que cuando se lo ha propuesto dejó irreconocible el sistema político que conocíamos antes de su paso.
Que había un aeropuerto con 30 por ciento de avance, anclado en la seguridad jurídica de multimillonarios compromisos contractuales con empresas nacionales y extranjeras y tutelado por uno de los más afamados arquitectos mundiales… pues había, que es tiempo pasado perfecto si de lo que se trata es de imponer un precedente caprichoso de que en México hay nuevo mandamás.
¿Que los órganos autónomos ponen frenos? Pues no cambian la ley para quitarle los dientes, pero sí apuran renuncias de timoneles de los mismos. ¿Que la sociedad demandaba menos soldados y marinos en la calle y más construcción de capacidad policial? Pues ahí les va la Guardia Nacional que borra 20 años de Policía Federal y da más atribuciones –incluso sobre los civiles– a las Fuerzas Armadas. Que le encuentran defectos al federalismo, pues he aquí que con Morena ha llegado una nueva división política para el funcionamiento (que está por verse) de la República mexicana.
La división de México en 32 entidades está a punto de ser una formalidad, un cascarón heredado del antiguo régimen que en nada corresponderá con la realidad del poder, que se detentará en 266 coordinaciones que dependerán –vía superdelegados– de la Presidencia de la República.
La semana pasada en la Cámara de Diputados quedó aprobada la Ley Orgánica de la Administración Pública. En ella se formula que el Ejecutivo tendrá Delegaciones de Programas para el Desarrollo (artículo 17 Ter), que dependerán "jerárquica y orgánicamente a la Secretaría de Bienestar", pero que sus "titulares serán designados por el titular de la secretaría a propuesta de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo", misma que estará adscrita a la Presidencia de la República.
Dado que esas delegaciones "tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población", se trata de la estructura real del funcionamiento del próximo Ejecutivo y que para ello pasará sobre la autoridad de gobernadores y munícipes, pues operaría a partir de esa nueva retícula de 266 "coordinaciones".
Porque si alguien cree que esas novedosas demarcaciones fueron nada más diseñadas para la implementación de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno, es que no estuvo presente en la sesión informal que el jueves 8 de noviembre sostuvo Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, con diputados integrantes de la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, ocasión en que de a poco en poco el sonorense fue reconociendo que esas coordinaciones funcionarán como célula operativa no sólo para la seguridad sino para instrumentación de los programas del gobierno.
Y aunque la aprobación de la ley orgánica está pendiente de pasar en el Senado, no se auguran mayores modificaciones a la misma. Los de Morena aprendieron bien de los peores momentos del PRI, cuando los tricolores dejaban a la oposición quejarse pero ni veían ni escuchaban razones para moverse de su macho. Así fue la semana pasada en San Lázaro, así será, en términos generales, cuando en cuestión de horas llegue la correspondiente sesión de la Cámara alta.
Pero todo lo anterior es posible por dos razones que en conjunto resultan igual de contundentes que el bulldozer de AMLO y sus peones: por cobardía de gente como el PRI, que no ha querido hacer frente con el PAN y Movimiento Ciudadano para encarecer a Morena el aprobar en solitario sus reformas, y por la incapacidad de articularse de quienes "están viendo y no ven" que el bulldozer cambia sin apenas tomarse un respiro.
Así que si solía gustarles el 20 de noviembre como festividad cívico-deportiva, pues disfrútenlo, que el próximo año quién sabe qué tendremos en vez de tablas gimnásticas, Adelitas y 32 gobernadores.