En tiempos de la presidencia de Felipe Calderón, el secretario de Desarrollo Social fue enviado al sureste a atender una emergencia por inundación. Tras evaluar los daños, y a fin de agilizar la ayuda, el funcionario federal y el gobernador de la entidad afectada acordaron intercambiar padrones de beneficiarios de programas sociales que ambos gobiernos ya aplicaban en la región anegada; de esa forma podrían iniciar de inmediato labores de auxilio con datos muy exactos de la población a socorrer.
"Pero yo no le di nada, bueno, sí, le mandé la sección blanca del directorio telefónico de esa región", contaba tiempo después ese gobernador, que presumía que en tal coyuntura pudo obtener valiosa información del padrón del gobierno federal.
Sirva esta anécdota para recalcar dos cosas. Los programas de asistencia social en nuestro país, incluidos los padrones de los mismos, son de tiempo atrás un irresuelto dolor de cabeza. No por nada ayer el CIDE publicó un informe donde destaca el desorden que prevalece al respecto.
Y la segunda cosa: entre distintos actores del Estado mexicano prevalece la desconfianza con respecto a lo que hacen unos y otros gobiernos a la hora de aplicar los recursos en diversas iniciativas, incluidas las de la política social.
Esa desconfianza ha aflorado en el tema del llamado Censo del Bienestar. Según fuentes consultadas, el origen del levantamiento de un padrón de eventuales beneficiarios de programas sociales, que con 20 mil voluntarios en estos momentos realiza Morena, es la desconfianza en las cifras del actual gobierno.
Ser ingenuos es un lujo que ningún gobierno se quiere dar. Pero que por desconfianza se lancen a crear desde cero un padrón de necesidades sociales, mediante un aparato legal que no existe, es una cosa muy distinta.
Es un padrón digno de Patán y Rosas, es decir, digno del México bizarro: se hace con "voluntarios" surgidos de las redes de Morena; lo coordinan personas que hoy no son funcionarios ni tienen atribuciones legales; no se informa del presupuesto implicado –incluso si damos por bueno que los "voluntarios" viven del agua que compran con su dinero, la logística de despliegue de esos encuestadores implica costos.
Lo anterior sin contar que no sabemos las respuestas a interrogantes como: ¿la captura de la información es mediante un dispositivo electrónico, un celular o en cuadernos pagados por quién? ¿El procesamiento de esa información no lo van a hacer con ábaco, verdad, sino en computadoras de quién?, y finalmente ¿será cierto que esos voluntarios luego formarán parte de la Secretaría del Bienestar? Entonces no son voluntarios, son gente que está invirtiendo unas semanas a cambio de una chamba en el gobierno. Nada mal, pero ¿cómo confiar en que luego, como funcionarios, esos encuestadores no usarán la información recogida para hacer doble trabajo: como integrantes de una secretaría y como instrumentos electorales del partido Morena?
Por eso, para atajar la desconfianza es que en México llevamos décadas tratando de construir instituciones como el INEGI, que son de Estado no del gobierno en turno; que generan información seriada que a lo largo del tiempo, independientemente del color del partido que ocupe la silla presidencial, se puede cotejar y utilizar para diseñar políticas públicas.
La cuestión es que Morena tendría que confiar en instituciones como el INEGI y esperar al primero de diciembre para que, con facultades plenas, revisaran los padrones, consultaran a expertos, contrataran consultorías, e incluso, si así lo desearan, propusieran hacer un censo, cuyos resultados fueran confiables porque se hizo con los instrumentos del Estado, no sólo con buenos propósitos, mucha desconfianza y no poco sentimiento de superioridad moral.