El 4 de octubre de 2018 puede ser marcado en el calendario como la fecha en que Morena comenzó una embestida en contra del Poder Judicial.
Ese día, el líder de la bancada mayoritaria del Senado, Ricardo Monreal, utilizó la tribuna de esa cámara para urgir a sus compañeros a que legislen de manera expedita para imponer al Poder Judicial una manera de relocalizar a sus tres mil 400 jueces y magistrados.
"Lo que planteamos en el grupo es que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para que ningún juez, para que ningún magistrado de circuito dure más de seis años en esa adscripción geográfica", dijo Monreal, quien argumentó que el hecho de que hoy los jueces y magistrados duren "10, 15, 20, 30 años en un lugar" da pie a problemas de corrupción y nepotismo en los juzgados.
"Llegó la hora de tener que emplearnos a fondo el Poder Legislativo para darle una sacudida al Poder Judicial. Sí es necesario, sí es conveniente", agregó.
A diferencia de lo que había venido ocurriendo en los últimos años, esta iniciativa para reformar procesos internos de otro poder no fue consensuada o cabildeada por los legisladores con los ministros de la Corte o consejeros de la Judicatura, abriendo la puerta a la pregunta de si no estamos ante algo que claramente violenta la independencia del Poder Judicial.
Pero Monreal adelantó en esa sesión que tal será la tónica de los nuevos tiempos: "Hay un nuevo régimen, tenemos que darnos cuenta de que estamos en una situación inédita en el país, y llegó la hora de que el Poder Legislativo, en un auténtico contrapeso y equilibrio de poderes, revisen (sic) al Poder Judicial. Es nuestra facultad, es nuestra función, no se intenta confrontar con el Poder Judicial, de ninguna manera; lo que queremos es intentar por la vía legislativa recomponer algunos de los instrumentos que creemos en este momento ya no son adecuados y no son pertinentes continuar".
Monreal alega que si se revisa "el derecho comparado de otros países del mundo", se verá que la "rotación es algo natural para no generar intereses o influencias indebidas en jueces y magistrados"; sin embargo, otros especialistas consultados señalan lo contrario: que la tendencia internacional, dictada incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que dentro de las cosas que caracterizan a la independencia de los jueces y magistrados está la permanencia en la adscripción misma.
Además, la iniciativa de Monreal podría acarrear consecuencias desastrosas en la impartición de justicia, al forzar a mover de una localidad a jueces o magistrados que por su especialización (por ejemplo en temas administrativos) tenga sentido que permanezcan en ciudades como la capital y no que terminen en entidades donde no se les requieren en tal volumen.
Encima, sin aportar más elementos, en la iniciativa de Monreal se establece que el gobierno del Poder Judicial es deficiente: "Cuando una Judicatura no funciona, o funciona mal, el Estado de derecho, en su conjunto, deja de funcionar, pues al no haber certeza sobre la aplicación de las normas, los derechos quedan desprotegidos y el poder no encuentra límites".
El cambio legal impactaría no sólo a jueces y magistrados, sino a sus colaboradores directos. Así como Morena quiso (¿o quiere?) cambiar de sede a las dependencias federales, también pretende sacudir geográficamente al Poder Judicial sin reparar en lo que implica.
La duda que resta es si Andrés Manuel López Obrador ha decidido llevar al máximo esta confrontación con el Poder Judicial o si estamos ante uno más de los "prontos" que se dan en nuestras cámaras, donde los integrantes de Morena compiten por hacer los anuncios más osados, así sean los más inopinados.