El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha sostenido una pugna de meses con la Procuraduría General de la República para que ésta dé a conocer los nombres de los implicados en el caso Odebrecht, la constructora brasileña que ha reconocido sobornos en México por 10.5 millones de dólares.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la PGR se negó a aceptar una resolución del INAI al respecto, e incluso se inconformó ante ese mismo órgano llegando al punto de reservar la información cinco años. Y ayer, el Pleno del órgano de transparencia reiteró que la Procuraduría debe dar a conocer los datos de aquellos que han sido declarados en torno a esta investigación.
A punto de cumplirse dos años de que se revelara el caso de corrupción de Odebrecht, que aceptó en una corte de Estados Unidos sobornos en una docena de países, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una oportunidad dorada para diferenciarse de su antecesor en torno a este escándalo. Y esa oportunidad pasa por no sólo cumplir lo que demanda el INAI, sino ir más allá.
Porque lo peor que podría pasar es que la nueva administración federal acatara lo que le solicita el INAI, pretendiendo al mismo tiempo hacer creer a la sociedad que la actitud de la PGR ha cambiado para bien.
Todo ello porque es muy probable que en los expedientes de la PGR no haya lo que la ciudadanía espera, es decir, una investigación exhaustiva de los sobornos que Odebrecht reconoció haber pagado en nuestro país entre 2010 y 2014.
Y ello sería así porque a ciencia cierta hay todo un enigma sobre el alcance de lo indagado por la Procuraduría, dado que quienes tienen los hilos de la información son los brasileños y éstos no la van a entregar si no hay un convenio de colaboración que incluya los términos de un acuerdo de reparación.
Como es sabido, una vez que la constructora sudamericana llegó al acuerdo en la corte de Nueva York, Brasil dijo a las fiscalías de los distintos países en donde Odebrecht reconoció haber incurrido en mordidas, que la colaboración estaba sujeta a la condición de no juzgar de manera local a los ejecutivos de la empresa. Es decir, con la mediación de las autoridades brasileñas la constructora aportaría información siempre y cuando se dejara fuera de nuevas pesquisas a sus ejecutivos y se aceptara un acuerdo de reparación que cerrara, con respecto a los sobornadores, el tema.
El incentivo para cualquier país a firmar eso estriba en que no sólo se impondría una multa a la empresa por sus sobornos, sino que se tendría acceso a información (y sobre todo pruebas) sobre aquellos que recibieron las coimas, y contra estos sí podría armarse un caso robusto.
Cuando Raúl Cervantes renunció a la PGR en octubre de 2017, aseguró que el expediente Odebrecht estaba listo para que se procediera a su ejecución. Sin embargo, hoy no hay claridad sobre si la intención (anunciada en su momento) de firmar el convenio de colaboración entre México y Brasil realmente se concretó; o si incluso habiéndose dado ese paso tal firma es relevante, pues al no haber acuerdo de reparación (ha trascendido que las autoridades mexicanas no habrían aceptado el monto a pagar que proponía la empresa) nunca ocurrió el intercambio de información.
De forma tal que si en los próximos días la PGR de AMLO anunciara que cumplirá con lo que le demanda el INAI, tal gesto podría derivar en un nuevo fiasco.
Lo que se requiere en este caso es que la PGR retome la negociación con Brasil-Odebrecht, ponderar la oferta de reparación de daño que se tenga y recibir toda la información, y las pruebas, sobre los sobornados. Incluso a cambio de no proceder aquí en contra de la constructora o sus ejecutivos.
De lo perdido, lo que aparezca, pues. Claro, si realmente lo que se quiere es que aparezca lo más posible. Porque si quieren hacer como que hacen, los nuevos de la PGR podrían aceptar el requerimiento del INAI, nos enteraríamos de algunas cosas, pero la verdadera mina de información seguiría a la espera de una real voluntad de hacer justicia.
Dicho de otra forma, cumplir con la resolución del INAI no será ni remotamente suficiente si lo que se quiere es ir al fondo del caso que ha llevado a presidentes de otros países latinoamericanos a la cárcel o frente a los tribunales. ¿Qué hará López Obrador con este caso? ¿Aplicará el famoso punto final o negociará con los brasileños?