La cuarta transformación responde al mesianismo de autocomplacencia histórica con el destino y de evaluación propia antes de los resultados. Pone la carreta antes de los caballos. Quedaría sólo en el anecdotario de las extravagancias del presidente electo si no entrañara tal riesgo para la estabilidad nacional.
Se equipara a nuestros próceres de la Independencia, Reforma y Revolución; lo que preocupa, si recordamos las guerras internas que precedieron a las subsecuentes etapas fundacionales. Hay chispas que pueden encender la hoguera.
En realidad, la cuarta transformación es un cambio de régimen, no de gobierno. Lo que significa cambiar las reglas generales del Estado, a diferencia, valga la obviedad, del cambio de gobierno que cambia de titulares, pero no de normas ni instituciones.
México ha construido durante los últimos treinta años un Estado diferente con corte liberal, dejando atrás al Estado omnipresente y todopoderoso que hacía, definía, ejecutaba y castigada sin detenerse en las consecuencias.
Construimos instituciones y normas, claro que con defectos y pruebas-error, pero en el rumbo correcto. Se dotó de autonomía al Banco Central para que el presidente no pudiera encender la máquina de hacer billetes y dejar así la inflación de miles de puntos que padecimos por tanto tiempo. Entramos en sociedad comercial con el mundo a cambio de regular e institucionalizar nuestras dinámicas jurídicas y económicas. Se fortaleció a la Corte como Tribunal Constitucional; creamos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral. Hicimos leyes de transparencia y un órgano con autonomía constitucional para garantizar que todo ente público pudiera ser fiscalizado por cualquier ciudadano. Tenemos órganos de regulación económica, de telecomunicaciones y de estadística y geografía.
Incluso en los últimos años se culminó un proceso con la creación de la Fiscalía que sustituirá a la PGR, principalmente por lo que hace a la designación presidencial y la autonomía funcional sin subordinación jerárquica al gobierno, lo que incluía a los fiscales electorales y al nuevo encargado del combate a la corrupción.
Creamos mecanismos de democracia directa y fortalecimos la indirecta. Activamos controles constitucionales para defender derechos y minorías y activar la rendición de cuentas.
Pues bien, muchos de esos avances que se corresponden con los países avanzados están siendo desmantelados para regresar a una visión de gobierno que tuvimos hace cuarenta años.
Repartir dinero a 'ninis', pobres y miembros de la tercera edad le traerá clientelismo político, pero tirará por la borda nuestra disciplina económica y hacendaria. Puede haber subsidios y fomento a la holgazanería, y ya vimos la crisis argentina o la inflación venezolana.
La mayoría parlamentaria de Morena ya echó a andar iniciativas delicadas. Algunos hablan ya de expropiaciones y de cambiar la Constitución. Será más fácil que en el trágico priato.
El fiasco de la consulta para el aeropuerto será repetido para tantos otros temas, sin método, inclusión ni rigor técnico ni jurídico. De hecho quieren reformar el artículo 35 constitucional para flexibilizar su ejercicio y acompañar al líder con el coro del populismo.
El Ejército estará en la calle con una peligrosa mezcla civil/militar en contra de reglas básicas de estabilidad ciudadana y de las mejores prácticas en todo el mundo democrático.
La tan anunciada austeridad dejará sin operación a varios órganos autónomos, que se verán sometidos a la tentación política de controlarlos con el presupuesto y nuevos nombramientos.
El planteamiento para prohibir al gobierno contratar a consultores y despachos y la disminución de salarios a burócratas restará talento y competencia.
La 'rectoría económica del Estado', con su acción directa, nos regresará siglos y pondrá en peligro la balanza de pagos, la calificación de Pemex y el desliz del dólar.
La reforma para que Gobernación controle a los medios públicos del país es otra regresión propia de las dictaduras: formar opinión dirigida en lugar de crítica y libertad de expresión, aun en medios públicos.
Todo puede formalizarse con reformas constitucionales e incluso con una nueva Constitución que haga maleable la rigidez normativa de nuestras instituciones, para acomodarlas a la voluntad política espontánea del populista. Cambiar la Constitución es el verdadero cambio de régimen. Hacerlo con base en una visión tan antigua del diseño institucional es rancio y peligroso. No ver a la Constitución como la forma jurídica de la democracia, sino como un manual para poder hacer lo que se quiere, es la diferencia entre un régimen democrático de otro que no lo es.