Salvo que alguien sea extraordinariamente inteligente o posea un coeficiente intelectual muy por debajo de la media, todos tenemos en la toma de decisiones un margen de error similar. Las decisiones acertadas suelen ser aquellas que más se piensan, sustentan y calculan. La gran diferencia entre las decisiones que tomamos radica en el número de personas que se afecta con ellas y el grado de afectación. Así, un error en una relación personal puede causar malestar a una persona; en una empresa puede afectar a los empleados o al nicho de mercado; pero el de un estadista puede afectar a millones de personas: no es lo mismo que se equivoque usted al contestarle a su pareja en una discusión, a que un presidente se empecine con una decisión mal tomada. De ahí que el problema, para decirlo coloquialmente, no es meter la pata, sino sacarla rápido cuando se ha metido…
De hecho hay protocolos, procesos, normas y hasta múltiples consejos populares para la toma de decisiones: si está enojado, triste o eufórico no prometa ni decida nada trascendente. Si su decisión implica consecuencias graves, no la tome hasta estar seguro. Si la decisión conlleva riesgos, en una empresa por ejemplo, se suele elevar al consejo de administración; si se trata del país, no es lo mismo que el presidente elija quién será su secretario particular, el secretario de Gobernación o presentar una iniciativa para reformar la Constitución.
Carl Schmitt catapultó le concepto de "decisionismo" para referir, no con democráticas intenciones, que las normas derivan de decisiones que a su vez no provienen de otros preceptos jurídicos, sino que emanan de la autoridad. Acuñó el término "decisiones políticas fundamentales" como el conjunto de instituciones básicas del Estado en la Constitución (en México podría ser el sistema republicano, federal, democrático, etc.), lo que resultaría muy peligroso si dependiera sólo de la voluntad de una autoridad y no de un sistema democrático garantizado por normas que limitan el hacer de quienes ostentan el ejercicio del poder. Los límites son las competencias de los órganos del Estado, el sistema de control entre estos y sobre todo los derechos humanos como frontera de lo que no puede hacer y tiene que respetar el aparato público a todos y cada uno de los ciudadanos.
Es verdad que la discrecionalidad –margen de maniobra que tiene el encargado de la conducción administrativa– es imprescindible para gobernar, por ello es que el jefe del Ejecutivo tiene posibilidades para moverse conforme a sus creencias, ideología y visión de política pública. Pero hay y debe haber límites; no todo puede hacerse a voluntad…
Eso pasa, por ejemplo, con el beisbol, las refinerías, el Tren Maya y las consultas para el nuevo aeropuerto de AMLO.
¿Por qué el Presidente electo dará un especial empuje al beisbol? ¿Consultó a la población? ¿Los números indican que hay más niños jugando a la pelota que a otro deporte? ¿Hay más posibilidades de éxito? En suma: ¿hay datos técnicos que orillen a esa decisión? ¿O sólo se trata del deporte de su preferencia? Imaginen la crítica al presidente Peña si hubiera hecho lo mismo con el golf.
¿Por qué se tratará en una consulta popular una decisión técnica, como la de continuar o no con la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Por qué no se consulta a la población si están de acuerdo con la construcción de refinerías? ¿Por qué construir el Tren Maya y no el suspendido entre la Ciudad de México y Querétaro? ¿Por qué llevar a cabo una consulta no prevista en la ley? ¿Por qué endilgarle a la ciudadanía una decisión que no le corresponde? ¿Por qué no consultar a la población la tasa de interés de referencia del Banco de México? ¿O para qué tenemos representantes?
Claro que la ideología y postulados de quien gana las elecciones deben guiar el rumbo del país, de hecho para eso sirven los partidos políticos: ofrecen a los ciudadanos una visión de la conducción de Estado y la manera de llevarla a cabo si ganan; pero no como quiera, piense o se le ocurra a un gobernante, sino con base en preceptos básicos previstos en la Constitución, y siguiendo procedimientos decisorios que aseguren la mayor eficacia y viabilidad de las políticas públicas.
Voluntarioso es aquél que tiene buena voluntad en lo que realiza, pero el decisionismo a voluntad del líder es igual de peligroso que el margen de error humano; con la grave diferencia de que la decisión de uno, al menos en México, afecta a 120 millones de personas.