Los programas con formato de mesa para cuestionar a los candidatos han subido el tono y profundidad de cuestionamientos. Meade en Tercer Grado y en Milenio dio muestras de su empaque y conocimiento técnico. El candidato más completo con la peor marca necesita voto diferenciado, pues resulta muy difícil apartarse de la historia reciente del PRI, por más que responda con puntualidad y perspectiva de Estado.
Anaya fue cuestionado con mayor agresividad: la manera en que priizó al PAN acabó con sus adversarios y se hizo del control de su partido y candidaturas, cediendo buena parte de sus posibilidades camerales al PRD y Movimiento Ciudadano, pretende matizarla con amabilidad y generosidad impostada para sus adversarios, incluyendo declaraciones de afecto para Margarita Zavala.
Sigue dando explicaciones –que no alcanzan– sobre el ataque orquestado por el gobierno en su contra (lo cual es evidente), pero no aclara los temas de sus bodegas, fundación y relaciones cuestionables. Bien preparado, el estudioso candidato tiene respuesta y sonrisa para todo.
López Obrador continúa marcando la agenda. Lo que dice es lo que se discute, analiza y confronta. Los otros contendientes lo tienen como referente y su oferta apunta a la promesa de poderle ganar.
Mientras tanto, el INE continúa abriendo flancos por la sobreexposición de su presidente, quien no se resiste a los micrófonos y en un afán de comunicar se tropieza con frases impropias de la neutralidad y objetividad del árbitro. Ahora cayó en la indeseable posición comunicativa de 'lo que quise decir'.
Vaticinó un escenario cerrado y los morenistas se le vinieron encima, y con razón. En una contienda cualquier expresión corre la posibilidad de generar tendencia, viniendo del árbitro es, por decir lo menos, imprudente. Claro que la autoridad tiene que prepararse para cualquier escenario, pero de eso a dar tendencias hay mucha diferencia. La mesura exige prudencia, la prudencia silencio y Córdova no se calla.
Hay otro video en el que señala, con razón, que después de la elección continuarán los problemas (corrupción, violencia, inseguridad, etcétera), pero en su boca puede entenderse como un mensaje contra la continuidad, y a él no le toca. Córdova difunde en redes que "el INE se prepara para cualquier escenario... y pase lo que pase, se convierta, como está llamado a ser constitucionalmente, en un ancla de estabilidad política y de certeza para todos". Es evidente que sus comentarios no abonan a la estabilidad y sí a la confrontación con un candidato... nada menos que el puntero. Es sencillo verlo. Claro, el candidato es candidato y como cualquier contendiente procura sacar ventaja y posicionamiento para su causa; el árbitro, me parece, en esta ocasión y al margen de su intención, está nadando en aguas que no le corresponden.
No todo es la elección presidencial y el INE. Vemos otras dinámicas en el país que se hunden en viejos vicios. Esta semana, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tuvo una triste resolución que seguramente echará abajo la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero que muestra una operación política de quien controla la ciudad, que retrocede en la importante tendencia aperturista a la libertad de expresión y el combate a la corrupción.
Primero, el Instituto Electoral de la ciudad ordenó a Mikel Arriola bajar de la red tuits en los que hablaba de la situación patrimonial de Alejandra Barrales. Dos temas graves y delicados: regular las redes sociales y el infinito mundo del internet; después, considerar que el señalamiento a un funcionario por enriquecimiento inexplicable y corrupción (sea cierto o no), amerita cesar la transmisión de la vía por la que se denuncia.
Hay muchos precedentes al respecto, tratar de regular las redes enfrenta una alta dificultad técnica y jurídica indeseable. Prohibir que se hable del patrimonio de un funcionario que recién dejó su función, atenta contra convenios internacionales que combaten la corrupción.
Dijo el TECMX que las publicaciones denunciadas "pudiesen afectar la reputación, dignidad y honorabilidad" de Barrales, sin tomar en cuenta el mayor umbral de tolerancia hacia la crítica que la Suprema Corte, el TEPJF y múltiples organismos internacionales han protegido cuando se cuestiona a servidores públicos. Es decir, prefirieron defender a la funcionaria señalada antes que la necesaria discusión para la rendición de cuentas y su aportación al debate democrático. Los órganos electorales deben maximizar el debate, no limitarlo.
En democracia, es sano que se discuta sobre corrupción. Si algún funcionario es señalado, debe ofrecer respuestas y datos, no denuncias solapadas. Resulta poco creíble que la autoridad no lo supiera. Al tiempo.