Samuel Aguilar Solis

¿Una elección a balazos?

Celebrar elecciones libres y justas y garantizar el derecho de votar y ser votado se encuentra en jaque debido a la inseguridad que ha permeado a todos los niveles de gobierno y de la estructura social.

Dentro de los principios esenciales de una democracia, se encuentra el Estado de derecho. Un Estado de derecho en donde lo que prevalece es el imperio de la ley como una expresión de la voluntad general articulada por la representación. Además, un Estado de derecho que garantice la separación de poderes y la legalidad y legitimidad del gobierno, regulado y controlado. Y por último, la garantía de los derechos y libertades fundamentales de todos.

Max Weber define al Estado como "aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima". Es decir, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Aunque la coacción física debe ser la última instancia a la que un gobierno tenga que llegar para restablecer el orden y hacer cumplir la ley.

México se encuentra a punto de iniciar el periodo de campañas de un proceso electoral inédito por el número de cargos, la alta competencia y la complejidad del contexto, el cual podemos resumir como un momento de profunda indignación, entre otros motivos porque el gobierno en turno ha sido incapaz de brindar la seguridad necesaria a una población agraviada, esa seguridad a la que todo gobierno está obligado a través del contrato social, ese del que hablaba Juan Jacobo Rousseau en el que los ciudadanos nos comprometemos a cumplir con ciertos deberes para con el Estado con el fin de recibir ciertos derechos, entre ellos protección y seguridad, y las elecciones no escapan a ello.

De acuerdo con la empresa Etellekt, desde que inició el proceso electoral el pasado 8 de septiembre 70 aspirantes en 121 municipios de 28 entidades han sido asesinados. Las cifras oficiales dan cuenta hasta el pasado 12 de marzo un total de 30 asesinatos, haciendo un claro contraste en los números.

Así, el actual proceso electoral no sólo está marcado por la crisis de las ideologías y la escasez de las propuestas, por la falta de diálogo, de debate y de seriedad; lo más grave son los asesinatos. Muchas de las diferencias en los grupos, de las candidaturas y del mandato de los poderes fácticos ilegales se dirimen a balazos y no hay un Estado capaz de hacerle frente.

La inseguridad ha permeado a todos los niveles de gobierno y de estructura social (empezando desde nuestras casas).

Avanzar en lograr una democracia de calidad que pasa por celebrar elecciones libres y justas y por garantizar el derecho de votar y ser votado se encuentra en jaque. La violencia y la inseguridad no sólo carcomen el estado de legalidad, sino que atentan contra la propia democracia. El Estado es, según Max Weber, quien ejerce el poder y que tiene el monopolio del uso de la fuerza, creando las instituciones permanentes encargadas de nuestra seguridad. Es además quien detenta la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía y la democracia y debe de mantener también el monopolio del cobro de impuestos, si otras fuerzas o grupos lo hacen, el poder del Estado se vulnera.

La cifra de los candidatos muertos por asesinato resulta alarmante. ¿Será capaz el próximo gobierno y los gobiernos locales de darle a los mexicanos un sólido sistema de procuración y administración de justicia imparcial, que, sin privilegios respete los derechos humanos, proteja a las víctimas, castigue a los responsables, y sea confiable y transparente, todo con base en un genuino Estado de derecho? ¿Se trata de buenos deseos? ¿Los candidatos y sus partidos están tejiendo las bases para ello a través de la selección de los mejores cuadros?

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