Desde el escándalo de corrupción de la 'casa blanca' en la que se vio envuelto el presidente Peña y la revelación de que su mano derecha, Luis Videgaray, estaba en conflictos similares con su casa de Malinalco, nos hemos visto en la necesidad de definir términos que parecerían evidentes. Transparencia Internacional (TI) tiene un glosario de prácticas que pueden considerarse corrupción.
En términos generales, dice TI, la corrupción es "el abuso del poder otorgado para ganancias privadas". La clasifican en grande, pequeña y política, dependiendo de los montos involucrados y el sector donde ocurre. La primera se refiere a los actos cometidos en altos niveles de gobierno que distorsionan el funcionamiento del Estado, permitiendo a los líderes beneficiarse a costa del bien común que les fue encomendado. La pequeña es la relacionada con el abuso diario del poder de funcionarios de menor nivel en sus interacciones con los ciudadanos. La corrupción política abarca la manipulación de políticas, instituciones y reglas en la asignación de recursos por políticos tomadores de decisiones que usan su posición para incrementar su poder y su riqueza.
En el Índice de Percepción de Corrupción más reciente que presentó Transparencia Internacional, México aparece en la posición 135, con el mismo puntaje que Honduras y Rusia, y por debajo de Etiopía, Filipinas y El Salvador. México nunca ha alcanzado una posición ejemplar —en el sentido positivo—, pero a partir de 2014 el puntaje ha empeorado sistemáticamente.
Durante la semana pasada, un escándalo rebasó al anterior. Por un lado, el señalamiento al candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, de haber cometido lavado de dinero con la compra y venta de un inmueble. El monto investigado es de 54 millones de pesos.
Esa cantidad palidece frente a los desvíos de la Sedesol y la Sedatu reportados por la Auditoría Superior de la Federación, que rebasan mil 311 millones de pesos, durante la gestión de Rosario Robles en ambas secretarias. Un monto difícil de imaginar. Se contrataron empresas fantasma, se inventaron proyectos y se manipularon entregas para desviar fondos que tendrían que haber sido destinados a la política social. Al avanzar la semana, salió otro escándalo que compete al principal asesor económico de López Obrador, el empresario Alfonso Romo, en el que se le señala de haber estafado a sus socios en diversas empresas por 350 millones de dólares.
En estas elecciones el factor decisivo será la corrupción. Parece que a los candidatos los aíslan en burbujas irrompibles que les impiden ver el tamaño del hartazgo de la población frente al descaro y al robo impune. Cualquiera que quiera ser presidente del país tendrá que tener una postura clara y firme frente a la corrupción.
Anaya deberá explicar con toda claridad la transacción aludida. Hasta el momento, ha dado la cara y respondido a las acusaciones que se le han hecho. Pero enfrenta dos grandes obstáculos. En primer lugar, la duda ha sido sembrada y tendrá que arrancarla de raíz si quiere avanzar en la contienda. En segundo, se tendrá que enfrentar con el Estado mexicano que ya lo declaró su enemigo. En cuestión de horas, la PGR estaba investigando una operación que ya había pasado los filtros notariales y legales de declaraciones fiscales y en poco tiempo ubicó en el extranjero a uno de los empresarios vinculados en la operación del terreno.
Rosario Robles ha dicho que ella no tiene nada que ver en los desvíos durante su gestión en ambas secretarías. Ella no sabe nada y su recomendación frente a los señalamientos de la ASF fue "follow the money" como lo dijo en el programa matutino de Carlos Loret de Mola. Hablaba con la tranquilidad de alguien que sabe que no pasará nada, porque así será. En este país se pueden robar más de mil 300 millones de pesos y nadie los encuentra. La PGR es muy eficaz para encontrar a un involucrado en una transacción privada por 54 millones de pesos, pero el desvío de mil 300 millones pesos de recursos públicos pasa por enfrente de ellos sin que lo vean. Mejor dicho, sin que lo quieran ver.
El Estado mexicano y sus instituciones se han volcado a atacar a Anaya, que tendrá que hacer lo que corresponde y defenderse. Es vergonzoso que las instituciones se presten a estas maniobras para tratar de salvar al candidato del PRI o quizá, pensando mal, para apoyar al puntero en las encuestas y lograr un pacto de impunidad aprovechándose de la amnistía y el perdón López Obrador ofrece. Lamentable también que el candidato se preste al juego.
Antes de esta semana, pensaba que quizás el enemigo público número uno de nuestro país era la corrupción. Hoy pienso que quizá lo sea el Estado mexicano solapándola.