La idea de ejercer un gobierno con austeridad es necesaria y urgente. Austeridad que vaya de la forma hasta el fondo. Las imágenes de los primeros años de esta administración, del Zócalo invadido de camionetas negras gigantes blindadas con miles de escoltas, nos mandó una primera señal de que la austeridad no sería una característica del gobierno actual.
Durante todo el sexenio esa imagen no hizo más que repetirse y aumentar. Los excesos se dieron también en el gasto en comunicación social —siempre rebasando lo autorizado en el Presupuesto— y en las prestaciones o beneficios de los funcionarios, incluyendo a los legisladores. Los excesos contribuyeron al hartazgo de los ciudadanos.
El futuro gobierno plantea ser uno más delgado en el que prevalecería la austeridad. Si bien la idea suena como una bocanada de aire fresco, las medidas en las que se concretaría parecen malas soluciones.
De entrada, se plantea una reducción en el salario de los funcionarios públicos para que no ganen más de lo que ganaría el presidente, quien ya se bajó el sueldo a 108 mil pesos. Los excesos de algunos funcionarios han hecho que se perciba a todos los funcionarios, particularmente a los de confianza, como parásitos que sólo drenan recursos del erario. Grave equivocación.
Gran parte de los funcionarios públicos son verdaderos profesionales, preparados, que trabajan largas horas cumpliendo su función, y que además, han visto su salario real disminuir año con año. No queda claro cómo será el tema legal cuando lleguen las reducciones salariales, pero sin duda habrá movimientos en el sector resultando en la pérdida de experiencia y de capital humano. Que se acaben los excesos, sin duda. Pero éstos no están en los sueldos. Están en los 700 mil pesos que los senadores pueden gastar en tintes de pelo, en los 371 millones que se autorizan en café y sacapuntas o en los 380 viajes que hicieron también los senadores entre 2012 y 2016.
Esos excesos no se resuelven bajándole el sueldo a miles de funcionarios públicos capacitados y profesionales.
Además, con ese menor salario se espera que trabajen de lunes a sábado por lo menos ocho horas diarias, afectando la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, con un impacto mayor en las mujeres.
Se ha propuesto también despedir a 70 por ciento de los trabajadores de confianza. Hay un millón 567 mil personas trabajando en el gobierno federal, de los cuales alrededor de 17.2 por ciento son de confianza. De esos 269 mil 524 trabajadores, serían despedidos 188 mil 666. También se ha mencionado que no habrá despidos para los trabajadores de base. Si el propósito es la austeridad, en primer lugar se tendría que ser consistente y eliminar los excesos donde quiera que estén, en los ocupados de base y en los de confianza. En segundo, ¿esos son los números correctos? Es decir, ¿sobra 70 de los funcionarios de confianza? ¿No sobra ninguno de los de base? Lo dudo enormemente.
Parece que son números arrojados sin ningún análisis ni evaluando las consecuencias, simplemente como un anuncio para satisfacer reclamos de austeridad.
La dispersión de las secretarías por todo el país, si bien no está relacionada con la austeridad, terminará siendo un despropósito y un despilfarro.
El argumento sugiere que al sacar las secretarías de la Ciudad de México se generará desarrollo económico en otras zonas del país. El crecimiento económico no se genera por la existencia o no de dependencias federales. Lo que genera crecimiento es la actividad productiva, no la burocrática. Tiene sentido tener a las oficinas en una misma ciudad, hay interrelación entre ellas, trámites en varias, movilidad. Las zonas económicas que más crecen en México no lo hacen porque estén ahí oficinas gubernamentales. Además, ya se hizo y no funcionó. Véase el caso del Inegi. Eso sin considerar la disrupción de familias, escolar, administrativa que esta medida tendría. ¿Los empleados que no puedan moverse serían liquidados? Del costo ni se ha hablado. Mejor hablar de austeridad en otras áreas que hacer las cuentas de esta idea absurda.
Al ver las medidas de forma conjunta parece que más que planes de austeridad o de mejora, se está planteando una captura política de miles de puestos de trabajo. Parece que no importa la calidad o la capacidad de los funcionarios. Parece que lo único que importa es el control.
El equipo del nuevo gobierno tendría que hacer una pausa en esta larga transición. No es necesario dar un aviso tras otro todos los días. Tendrían que replegarse a pensar, a analizar, a estudiar.
¿Y si mejor aprovechan su abrumadora mayoría y presentan planes bien armados y estructurados que realmente resuelvan los problemas?