CIUDAD DE MÉXICO. Luis María Aguilar Morales fue el único de los seis aspirantes a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que presentó un programa judicial de desarrollo para los próximos cuatro años, donde destacó continuar con la política de protección a los derechos humanos, consolidar la reforma de los juicios orales y mantener un mayor control institucional para evitar actos de corrupción.
Ministro de carrera, sostuvo que ante "la innegable existencia de una delincuencia cada vez más organizada y peligrosa para la sociedad, se hace necesario establecer políticas de vigilancia en la actuación de quienes participan en la labor jurisdiccional e incluso en la administrativa, para evitar influencias nocivas, ya sea provenientes de amenazas o recompensas ilegales que deformen el actuar de la judicatura haciendo perder a los juzgadores el valor más alto de su esencia como es el de la independencia.
En su propuesta de trabajo, Luis María Aguilar Morales consideró que la Suprema Corte no requiere mayores ajustes, "pues el profesionalismo, la capacidad jurídica y actitud de colaboración de las y los ministros permiten un trabajo eficiente, respetuoso, armónico e independiente".
Tras el retiro de los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón, en el año 2009, el presidente Felipe Calderón Hinojosa sometió a la consideración del Senado de la República, dos ternas para suplir ambas vacantes en la Suprema Corte de Justicia. Fueron elegidos Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Luis María Aguilar Morales, egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y que se tituló el 25 de noviembre de 1974, con la tesis Los Alcances de la Fracción XIV del Artículo 27 Constitucional para Efectos del Amparo, sostiene que el nuevo paradigma en la protección y respeto de los derechos humanos, el rediseñado Sistema de Justicia Penal y las profundas reformas estructurales del Estado mexicano frente a las exigencias de una sociedad cada vez más informada y demandante "hacen necesario que el Poder Judicial de la Federación tenga una actitud de constante adaptación y reflexión para responder a las necesidades de justicia a las que aspiran los mexicanos, mediante la continua capacitación e interrelación institucional de todos sus miembros".
Por ello, propuso continuar con la política judicial de protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales, y garantizar jurídica e instrumentalmente el acceso a la justicia federal, proseguir con los trabajos de consolidación de la reforma en Derechos humanos y Justicia Penal, así como apoyo institucional y respeto a los jueces y magistrados federales en sus tareas fundamentales.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), "como jueces, pero sobre todo, como mexicanos, no podemos ser indiferentes" a las voces de reclamo de todos lo que sufren en su familia y en carne propia el dolor de la pérdida, la sensación de impotencia ante el crimen", comentó Aguilar Morales como presidente en funciones de la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia del país.
"Al Poder Judicial le corresponde la gran responsabilidad de hacer valer la preminencia de los derechos humanos, de exigir y cumplir con la ley "sin distinción ni temor, para lograr la convivencia armónica y pacífica que merecemos y exigimos todos los mexicanos, desterrando la arbitrariedad, el abuso del poder, el delito y la corrupción", planteó su Plan de Desarrollo Judicial.
Y agregó: "Los juzgadores tenemos un papel clave para erradicar la arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción. A los juzgadores federales, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales de Circuito, a los Juzgadores de Distrito, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Consejo de la Judicatura Federal nos corresponde la gran responsabilidad de hacer valer la preeminencia de los derechos humanos, de exigir y cumplir con la ley sin distención ni temor, para lograr la convivencia armónica y pacífica que merecemos y exigimos todos los mexicanos, desterrando la arbitrariedad, el abuso del poder, el delito y la corrupción".