CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió las controversias constitucionales que promovió el Presidente de la República en contra de los congresos y los gobernadores de los estados de Morelos y Baja California Sur, por haber efectuado modificaciones a las leyes educativas estatales sin estar acordes a la reforma constitucional y a las leyes secundarias federales.
Son en total ocho controversias constitucionales admitidas en contra de los congresos y Ejecutivos de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sonora, Zacatecas y Oaxaca, que no acataron a cabalidad las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional Docente.
Un ejemplo de lo anterior, es que el artículo 78 de la Ley del Servicio Profesional Docente no establece excepciones para las comisiones sindicales y señala que todas serán sin goce de sueldo. Pero en esos estados las reformas permiten cobrar por comisiones sindicales.
El ministro Luis María Aguilar Morales tiene bajo su responsabilidad las controversias que interpuso el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, en contra de los estados de Baja California Sur y Zacatecas. Otro ministro, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, revisará las de Morelos y Chiapas.
La de Sonora la tiene el ministro Alberto Pérez Dayán; la de Michoacán, Fernando Franco González Salas y la de Baja California, Margarita Luna Ramos.
La controversia en el caso de Oaxaca, que es una de las entidades federativas que ha omitido modificar las leyes locales educativas, recayó en el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Segunda Sala.
En el caso concreto de la controversia constitucional promovida en contra el congreso estatal y del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, obedece a que, según se establece en la demanda, no ha cumplido con el plazo establecido por el propio Congreso de la Unión para llevar las adecuaciones de las leyes locales y no han modificado la legislación estatal en la materia.
La Suprema Corte aclaró que el hecho de que la demandas hayan sido admitidas, llevarán un plazo para poder analizar tanto las reformas constitucionales y las leyes federales, así como las leyes estatales.
Esta es la primera vez en la historia reciente en que el Ejecutivo Federal controvierte por la vía judicial a los congresos y a los gobernadores de ocho entidades federativas que no acataron el mandato del Congreso de la Unión.